Por Carlos Tórtora.-

El anuncio del envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma judicial puede marcar el inicio de la ofensiva política poscuarentena de Alberto Fernández. Las condiciones políticas pueden ser bastante favorables en las próximas semanas. Alberto Fernández estaría en un nivel de popularidad muy alto si logra que la salida de la cuarentena sea exitosa y siempre y cuando no se produzca una disparada de contagios como la que acaba de conmocionar a Santiago de Chile. La fortaleza del presidente en las encuestas sería clave para la batalla que se daría en el Congreso si el proyecto de reforma judicial encuentra resistencia en los bloques de Junto por el Cambio. En su versión originaria, el proyecto en cuestión creaba el Fuero Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, dándoles competencias federales a los juzgados nacionales criminales. En otras palabras, que los 12 juzgados de Comodoro Py verían licuarse su poder al sortearse las causas federales entre unos 50 juzgados.

El envío del proyecto al Congreso coincide con la ofensiva de Cristina Kirchner en el campo judicial. Tras la revelación de una jueza de la Cámara de Casación sobre presiones del macrismo en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, CFK amplió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ana María Figueroa, en una entrevista con AM 750, sugirió que el ex viceministro de Justicia Juan Bautista Mahiques era uno de los responsables de las maniobras para que votara a favor de la reapertura del expediente iniciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, expediente que antes había sido cerrado por inexistencia de delito. Además, a partir de las explosivas declaraciones públicas de la magistrada, desde el Consejo de la Magistratura hablaron de una “ola de denuncias” contra los jueces como parte de los aprietes.

Los abogados defensores de la vicepresidenta de la Nación, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentaron una ampliación de prueba ante la CIDH, en el marco de una demanda que iniciaron en febrero de 2018, por la “discriminación política y persecución” contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, ya fallecido.

Ampliar la Corte

En este contexto, sobran señales de que la principal impulsora de una reforma dura que diluya el poder de Comodoro Py es la vicepresidenta, que toma la voz cantante en cuanta discusión haya sobre la cuestión judicial, influida por su situación procesal. Desde ya que la reforma no influiría directamente sobre las causas de corrupción pendientes del gobierno K. Pero sí lo harían indirectamente, ya que debilitarían la capacidad de negociación de los jueces federales.

Un capítulo aparte es la situación de la Corte Suprema, con la cual Alberto tiende a intentar una convivencia amable. En este punto, Cristina también tendría la postura más drástica: ampliar el número de la Corte Suprema de 5 a 7 ministros. Y para que no queden dudas, el principal postulante del cristinismo para la Corte sería el abogado de ella, Carlos Beraldi, socio de León Arslanian.

Share