Por Antonio Rossi.-
A principios de mayo, el juez federal, Sebastián Casanello, sacó a la luz un sorpresivo y polémico fallo vinculado con los presuntos delitos e irregularidades que se habrían registrado hace más de 10 años en la licitación y adjudicación de las obras de las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López que quedaron en manos de las empresas IECSA e Isolux.
La causa se había iniciado en 2014 por una denuncia del ex fiscal y ex diputado nacional, Manuel Garrido, sobre la base de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que había detectado una serie de anomalías tanto en el proceso licitatorio de las usinas, como en la contratación de obras adicionales que llevó adelante la ex empresa estatal Enarsa y que según la resolución judicial implicaron un perjuicio para el Estado de 795 millones de pesos.
Por el lado de la ex Enarsa, el juez Casanello procesó al ex presidente, Exequiel Espinosa y al ex gerente de generación, Santiago Pierro, a quienes acusó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En tanto, por el lado empresario, los procesamientos recayeron sobre el ex CEO de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea; el ex titular de IECSA, Héctor Javier Sánchez Caballero y los miembros de la UTE Santiago Altieri, Alejandra Kademián y Osvaldo Macías. Todos ellos fueron acusados de ser partícipes necesarios del direccionamiento de la licitación y de la maniobra de administración fraudulenta.
Las primeras lecturas del fallo de Casanello habían dejado al descubierto dos datos llamativos. El primero fue que, por lado oficial, no incluyó en la cadena de responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de Energía y del ex Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido que fueron los encargados de confeccionar los pliegos, aprobar los cambios y girar los recursos para el pago de las obras.
Y el segundo, que entre los empresarios privados no apareció salpicado ni en la lista de procesados, Angelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, que en el momento de la licitación estaba al mando de IECSA.
A esas “curiosas omisiones” se han sumado en los últimos días nuevos elementos y planteos que cuestionan la solidez y los argumentos del fallo de Casanello.
Las apelaciones presentadas por los ex funcionarios de ENARSA pusieron sobre el tapete las siguientes falencias e irregularidades:
–No quedó demostrada la acreditación del hecho delictivo, ni la responsabilidad de los autores.
–Hubo una investigación incompleta, una equivocada valoración de la prueba y una conclusión apresurada y prematura.
–No se tuvo en cuenta las declaraciones y explicaciones de los ex funcionarios, ni las medidas de prueba solicitadas para aclarar los hechos y las responsabilidades que tuvieron las distintas áreas del Gobierno en las decisiones que se tomaron.
Para los abogados defensores, “la afirmación de que todo lo acontecido surgió por voluntad única y exclusiva de Espinosa y Pierro da cuenta de la falta de comprensión de los hechos, del contexto histórico en los que se desarrollaron y de las responsabilidades que tenían ENARSA, el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaria de Energía”.
Agregaron que “resulta un flagrante error creer -tal como plantea equivocadamente el fallo- que un día los ex funcionarios decidieron aislada e inconsultamente “armar” una licitación para adjudicar las centrales térmicas a de Iecsa-Isolux”.
Según se explica en las apelaciones, “la adjudicación de las obras para la construcción de las centrales térmicas “llave en mano” fue consecuencia de un proceso en el cual participaron Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal y en última instancia ENARSA; todo lo cual parece haber omitido la resolución judicial”.
Además, los letrados advirtieron que el fallo de Casanello no brinda ninguna explicación de por qué aparecen imputados solamente dos ex funcionarios de Enarsa cuando todas las obras y contrataciones que se hicieron fueron decididas y aprobadas por el directorio de la empresa que estaba integrado por 12 miembros.
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