Por Hernán Andrés Kruse.-

El jueves 9 de mayo tuvo lugar el segundo paro de la Confederación General del Trabajo contra el gobierno de Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre del año anterior. Como lo han señalado los analistas políticos de diversos medios de comunicación, es la primera vez desde la restauración de la democracia que la CGT le hace dos paros nacionales a un gobierno con sólo cinco meses de vida. Consciente de ello, el presidente libertario decidió mostrarse indiferente. Ello explica su decisión de no convocar de urgencia a los jefes cegetistas para recomponer la relación. Lo que sí hizo el presidente de la nación, en cambio, fue dar a conocer una serie de mensajes fuertes con el objetivo de exponer a Daer, Moyano y compañía ante la opinión pública. Los principales asesores presidenciales están convencidos de que acciones de protesta como la del 9 de mayo no hacen más que favorecer políticamente al presidente de la nación. Ellos consideran que una cosa es la legitimidad de los reclamos y otra muy diferente el apoyo popular a la conducción cegetista. En consecuencia, con el paro lo único que consiguieron los líderes de la CGT fue una merma en su legitimidad ante el pueblo (fuente: Brenda Struminger: “El gobierno endurece la posición ante la CGT: minimizó el impacto del aparo y apuesta a exponer a los gremios”, Infobae, 9/5/024).

Lo que nadie pone en discusión, además del derecho de huelga consagrado por la constitución nacional, es la ausencia de democracia dentro de los sindicatos. Hay jerarcas sindicales, como Héctor Daer, Armando Cavallieri, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, entre otros, que conducen sus gremios con mano de hierro desde hace décadas. En tales ámbitos resulta inviable cualquier atisbo de corrientes internas que osen cuestionar su autoridad. Rige, por ende, un verticalismo extremo, monolítico, inexpugnable. A tales caciques sólo les interesa el cuidado de sus “quintitas”, es decir, el resguardo de sus intereses.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Gerardo Avalle (Docente e Investigador-Área de Ciencias Sociales y Humanidades-Conicet-UCC) titulado “Democratización sindical, un debate pendiente. Análisis del proceso neoliberal latinoamericano” (Revista Latinoamericana de Políticas y Acción pública-FLACSO-Sede Ecuador- 2017). Su objetivo es poner en evidencia que “la democracia sindical es una demanda que hacia el interior de las organizaciones construye un espacio de mayor igualdad y procesos participativos en la toma de decisiones, desvirtuando las lógicas corporativas, centralistas y autoritarias, y de cara a la sociedad, es un proceso que aporta legitimidad y transparencia respecto de las prácticas y estrategias desplegadas por estas organizaciones”.

Escribió el autor:

CORRIENTES DEMOCRATIZADORAS

“La democracia sindical es un tema que ha ocupado un escaso lugar en el debate sobre los grupos de interés y las organizaciones corporativas. Con el retorno de la democracia en América Latina, numerosos teóricos se focalizaron en el estudio de los procesos de transición democrática y en las amenazas de un retorno de los autoritarismos. Se encontraron, a su vez, frente a un nuevo escenario internacional que trastocaba sus bases fundamentales. Numerosos actores sociales y políticos demandan otro tipo de participación y reinserción en el espacio público. Las producciones teóricas sobre los procesos de democratización interna estuvieron principalmente vinculadas a los partidos políticos y en menor medida a los sindicatos. Gran parte de las reformas se enfocó en los mecanismos electivos y participativos de estas instituciones con el objetivo de crear instancias más democráticas.

Específicamente nos referimos a los mecanismos de democratización interna de los sindicatos como elemento de legitimación, concentración de poder y transparencia pública. De la Garza (2001) identifica tres corrientes principales: “la economía sindical” que sostiene el supuesto de que el actor sindical es un actor racional maximizador de beneficios, y si los mecanismos de democratización promueven mejores resultados estos son adoptados; la “sociología marxista” donde la democracia no ha sido un tema importante para teorizar sino que ese lugar lo ocupaba la “conciencia de clase”, promoviendo una crítica a la democracia formal y un ejercicio de democracia de base; y la corriente pluralista, que toma conceptos centrales de la ciencia política como poder, autoridad, elección, legitimidad, etc., incluso los antecedentes más tempranos se remontan a los estudios de Lipset sobre liderazgos sindicales y “union democracy”, y otros trabajos que trasladan conceptos que describen los sistemas políticos hacia los sindicatos, como autoritarismo y democracia de Linz para describir la toma de decisiones, o los conceptos de Lindblom para indagar sobre los valores democráticos que tienen los militantes sindicales.

Si bien esta diferenciación resulta bastante clarificante, un conjunto más amplio de discusiones referencia estos debates de modo un tanto dispar. En este sentido encontramos que los supuestos de la economía racional se vinculan, por un lado, con las construcciones teóricas provenientes del elitismo competitivo (Weber 1980; Schumpeter 1984), y por el otro, los supuestos de la acción colectiva racional y estratégica que se verán influenciadas por las lecturas pluralistas. Son también fuente de indagación las producciones provenientes del marxismo que, al igual que las demás corrientes, no muestra una homogeneidad en sus postulados; la línea pluralista y por último los postulados del corporativismo donde confluyen algunos de los postulados de las líneas anteriores y una serie de rupturas y reformulaciones propias.

La protección de las libertades individuales fue uno de los principales argumentos en torno al cual se construyeron los diferentes modelos de democracia. El principio de la soberanía popular fue fuertemente cuestionado en tanto este se lo concibiera como el gobierno directo del “demos”. La necesidad de moldear una forma determinada de participación de la sociedad en los asuntos de gobierno llevó a autores como Mill, sosteniendo como supuesto la maximización y el individualismo, a promover un mecanismo electivo a través del cual se designaba un representante para que tomara las decisiones políticas en nombre de los representados. Pero el principal temor era el riesgo de que el sector obrero, de menor nivel educativo y capacidades, debido a su mayoría numérica, se convirtiera en una mayoría tiránica en contra de los intereses individuales. Este temor también fue manifestado por Madison, ante lo cual era necesario pensar en un modelo de democracia protectora.

Es Tocqueville quien indaga sobre la forma de democracia que se va gestando en Norteamérica, y sostiene la necesidad de una progresiva extensión del sufragio porque genera un proceso nivelador entre los grupos. La libertad de asociación y la selección de los representantes constituyen dos elementos claves que definen este modelo de democracia representativa. Asumir a la democracia como un mecanismo de selección sería, también, el principal postulado de los teóricos del “elitismo competitivo”. Tanto Weber como Schumpeter, sus principales exponentes, sostendrán que la democracia es un conjunto de procedimientos para la selección de líderes que conformarán el gobierno, promovidos por los partidos políticos, actor hegemónico en este modelo democrático. La legitimidad del sistema se deduce del consenso otorgado al mecanismo de selección, y la legitimidad del gobierno es, por un lado, ser producto de un proceso competitivo, y por otro, la reconfirmación de la “elite en el poder” para un nuevo gobierno.

Existen dos estudios importantes enmarcados en esta corriente que indagan sobre la formación de estructuras burocráticas con tendencias oligárquicas dentro de las organizaciones. Uno de ellos está específicamente vinculado a los sindicatos británicos. Sidney y Beatrice Webb dan cuenta de las crecientes tensiones internas dentro de la organización sindical, asociadas a procesos no democráticos dentro de un sistema político democrático, que tiene como resultado un creciente predominio de los dirigentes sobre las bases. El otro estudio es la popular obra de Michels sobre el Partido Social Demócrata Alemán. Este autor sostiene la tendencia oligárquica de todas las organizaciones de la sociedad a medida que las burocracias se fortalecen producto de la especialización de funciones, tareas, tamaño y seguridad en los cargos. En este sentido sostiene que a medida que las organizaciones aumentan su extensión disminuye la democracia internamente, lo que faculta la generación de liderazgos, una disminución del control, y un aumento del poder.

Los estudios realizados por Lipset en 1953 sobre el Sindicato de Tipógrafos en Norteamérica pusieron en discusión las afirmaciones efectuadas por Michels medio siglo antes, ya que sostuvo la existencia de una estructura interna democrática en sindicatos de cobertura amplia y sin tendencias de profesionalización de las dirigencias. En este sentido afirmó que existen requisitos básicos que garantizan la presencia de mecanismos democráticos. Entre ellos: aceptación de reglas, jerarquías y competencias; no propiedad de los medios administrativos, de vigilancia y disciplinamiento y; burocracias electivas. A estos requisitos Lindblom incorpora las elecciones competitivas; la existencia de oposición; el respeto a los estatutos y la aceptación de los valores democráticos. Sin embargo, siguiendo a Bensusán, estos atributos que surgen de los análisis empíricos realizados por autores pluralistas sobre organizaciones sindicales terminan afirmando ciertas premisas que escapan a los postulados clásicos de su propia corriente. Ya que el hecho de reconocer la necesidad de cargos burocráticos electivos, participación de las bases en las decisiones e independientemente de sus preferencias, etc., va más allá de los postulados clásicos que sostienen la dimensión electoral y el consenso pasivo de los ciudadanos a los mecanismos decisorios como instancias características de la democracia liberal.

Por otra parte, un aporte importante del corporativismo refiere particularmente al concepto de “intermediación”. Esta corriente reconoce la distancia existente entre los intereses de las bases y las decisiones y acuerdos a los que llegan las cúpulas sindicales, al tiempo que reconoce que existe un mecanismo clave en este procedimiento que refiere a la revalidación de los acuerdos por las bases. En este sentido, esta afirmación cristaliza la ficción existente detrás de la figura del representante y el concepto de representación sostenido por la democracia liberal. Los actores centrales en el corporativismo lo constituyen los representantes del trabajo y del capital frente al Estado. Un “modelo de gobernabilidad triangular” (Alonso). El reconocimiento de los recursos de poder desiguales que estas partes poseen permite comprender las estrategias de los mismos ante cada instancia de conflicto. El recurso financiero y la presión desde los mercados que hacen los representantes del capital para torcer un proceso de negociación son contrarrestados en primera instancia con la capacidad de movilización de las bases sindicales. Las estrategias van incrementando el nivel de confrontación hasta poner en juego la integridad de la propiedad. En este marco, la presencia del Estado es clara para mediar y regular los conflictos de clases, decidiendo por sobre los intereses con el objetivo de mantener estable el sistema y garantizar su reproducción. En este sentido Schmitter señala que “las organizaciones de intereses no conseguirían el monopolio representativo ni la capacidad para coordinar jerárquicamente los intereses sectoriales o de clase, sin algún grado de reconocimiento e incluso el estímulo oficial”.

Otro elemento clave que diferencia esta corriente con las anteriores es la base de la legitimidad. Esta se encuentra sostenida principalmente por la capacidad de los sindicatos de traducir las demandas de las bases al sistema institucional, la habilidad de mantener “la credibilidad de su papel simbólico” (Schmitter). Los acuerdos de intereses en el corporativismo no reflejan un estado “paritario” en su capacidad de influencia sino, al contrario, un estado de “contención” donde cada uno tiene capacidad de llevar a cabo acciones colectivas organizadas para impedir la realización de los intereses del otro. De esta forma, la negociación se torna la principal instancia de discusión política. Se incorpora así una nueva dimensión que incide en la forma de democracia que se promulga. Es cierto, sin embargo, que este aspecto se cristaliza en el nivel externo de la estructura sindical, es decir, regula el modo en que la relación entre los actores tiene lugar. Por un lado encontramos la existencia de múltiples actores participando en la toma de decisiones, lo que reclama una participación activa de las bases como recurso de movilización y presión, pero, al tiempo que se canaliza toda estrategia o acción política a una instancia privilegiada de diálogo y deliberación, la negociación, que si bien reconoce la desigualdad de poder entre las partes, posiciona al Estado en el centro de la discusión como dispositivo de regulación.

En lo que refiere al nivel interno del sindicato, la estructura de la organización se encuentra fuertemente regulada por la normativa estatal que se impone como requisito previo para el reconocimiento de la representación que las organizaciones ostentan. Si bien los mecanismos formales garantizan procedimientos democráticos de actuación, intervienen otros factores que pueden determinar las formas más o menos democráticas existentes dentro de un sindicato. El modelo de sociedad que propone el corporativismo responde a una forma asociativa de orden social (en lugar de comunitario, mercantil o estatal) donde la negociación paritaria y los consensos concurrentes son las reglas decisorias, y la representación de los grupos y la legitimidad de sus decisiones son sus atributos característicos”.

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