Sturzenegger y el aterrador recuerdo del megacanje (1)

Por Hernán Andrés Kruse.-

Federico Sturzenegger regresó al poder de la mano del presidente de la nación. Se trata de uno de los máximos exponentes del fundamentalismo neoliberal. Su fanatismo por la sapiencia del mercado sólo compite con el del propio primer mandatario. La presencia de Sturzenegger en el gobierno pone dramáticamente en evidencia la fragilidad de nuestra memoria histórica. Porque no estamos en presencia de un advenedizo sino de un economista que gozó de las mieles del poder durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

Es harto probable que las nuevas generaciones recuerden el paso de Sturzenegger por el Banco Central (fue su presidente) durante la presidencia de Macri, pero seguramente no lo es su paso por la Secretaría de Política Económica (dentro de la órbita del Ministerio de Economía) entre marzo de 2001  y finales de ese año, justo antes de la caída del gobierno de De la Rúa. Sturzenegger fue nombrado en dicha secretaría por el efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien no tuvo el peso político suficiente para sostener el duro plan de austeridad que había anunciado por televisión. El vacío dejado por López Murphy fue ocupado por Domingo Felipe Cavallo, quien a partir de ese momento pasaría a desempeñarse como un virtual primer ministro. Una de sus decisiones más recordadas fue el siniestro Megacanje que dejó como trágica secuela un gigantesco endeudamiento externo, cuyas consecuencias aún padecemos. Es por ello que el retorno de este personaje al poder no hace más que reflotar lo que aconteció, en materia económica, en aquel dramático año que implicó el derrumbe final de un modelo económico ortodoxo puesto en ejecución por Carlos Menem a comienzos de la década del noventa.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Hernán Fair (Universidad Nacional de Quilmes) titulado “Crisis del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales en Argentina. Posicionamientos, discursos y disputas por la hegemonía durante el Megacanje de la Alianza” (Revista de Ciencias Sociales, 2016). Aconsejo su lectura ya que siempre conviene recordar lo que nos pasó en aquel fatídico 2001. Porque, como sentenció George Santayana, “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. El retorno al poder de Sturzenegger no hace más que confirmarlo.

LA CRISIS DEL MODELO DE CONVERTIBILIDAD (1998-2001)

“Para comprender las características que asumió el gobierno de De la Rúa (1999-2001) y el trágico destino final de la Alianza, debemos remontarnos a la década de los 90. En esta etapa Carlos Menem (1989-1999) se convirtió en principal exponente de la implementación de las reformas y ajustes del paradigma neoliberal, desregulando, liberalizando y privatizando los principales resortes de la economía. El 1 de abril de 1991 entró en vigencia un sistema de paridad cambiaria fija de la moneda nacional con el dólar estadounidense, conocido popularmente como el “1 a 1”. A partir del nuevo régimen cambiario, sancionado por el Congreso Nacional (Ley N°23.928), el gobierno de Menem logró estabilizar la economía, superando dos episodios hiperinflacionarios previos.

Durante la “etapa de oro” del período 1991 y 1994, la estabilidad monetaria, junto con las políticas de apertura comercial asimétrica y desregulación financiera, contribuyeron a reactivar la economía y a avanzar en las reformas neoliberales pendientes. El núcleo orgánico que encadenó de modo equivalencial a la Ley de Convertibilidad con la estabilidad económica y las reformas estructurales, adosado a los imaginarios de modernización social y progreso, le permitió al menemismo conformar una amplia y heterogénea coalición social y construir un sólido sentido común en apoyo al orden neoliberal, que articuló a las principales fracciones del empresariado con una porción importante de los trabajadores. La percepción de ausencia de alternativas, junto al disciplinamiento de la hiper-desocupación, el temor a la devaluación y al retorno a la hiperinflación, en el marco de la existencia de amplios sectores sociales endeudados en dólares, contribuyó a generar un “consenso negativo” que convalidó la cómoda reelección de Menem en mayo de 1995.

El mantenimiento del Régimen de Convertibilidad fue generando a través del tiempo una creciente pérdida de competitividad de la economía nacional, debido a la sobrevaluación del tipo de cambio y la rigidez del sistema de paridad fija, que impedía devaluar la moneda. Las reformas y ajustes neoliberales, a su vez, promovieron una marcada desindustrialización (en particular, en las pymes) y elevados niveles de desempleo, subempleo, precariedad laboral, marginalidad y exclusión social, sólo parcialmente balanceados por la estabilidad económica. Durante el segundo semestre de 1998 la economía ingresó en una etapa de recesión, que afectó en particular a los sectores de la producción nacional. La devaluación de la moneda brasileña de enero del año siguiente, que sumó un total de 57%, aceleró la crisis interna y ello se tradujo en una ruptura del bloque de alianzas políticas que amalgamaba a las distintas fracciones del empresariado local y transnacional. De esa ruptura emergió, por un lado, el llamado Grupo productivo, que articulaba a un conjunto heterogéneo de sectores (liderado por la Unión Industrial Argentina) favorables a una mejora relativa del tipo de cambio para incentivar la producción nacional y mejorar la competitividad de la economía; y por el otro, núcleos ultra-ortodoxos (liderados por la Asociación de Bancos de la Argentina) que promovían una dolarización completa de la economía para renunciar definitivamente a toda idea de devaluación y perpetuar la Convertibilidad.

En las elecciones de octubre de 1999 Fernando de la Rúa fue electo como Presidente bajo la Alianza, una coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente del País Solidario (FREPASO), que logró vencer al peronismo por poco más de diez puntos. El Presidente llegó al poder con la promesa de mantener firme el 1 a 1 y el resto de las reformas estructurales, incorporando una mayor austeridad monetaria, honestidad en la función pública, reglas claras y sensibilidad social, para fomentar el crecimiento económico y hacer más eficiente al modelo. La decisión de conservar el modelo de Convertibilidad condujo al Gobierno a radicalizar los ajustes macroeconómicos (lo que incluyó una reducción de los salarios de los trabajadores del sector público de entre 12 y 15%, en mayo de 2000) y las reformas estructurales pendientes (entre ellas, la sanción de una nueva ley de “flexibilización” del mercado laboral y una reforma del sistema de seguridad social). Las políticas ortodoxas acentuaron la recesión en el mercado interno, restringiendo el consumo y la producción nacional y generando una caída de la recaudación impositiva.

La Argentina del 2001 se hallaba atravesada por casi tres años de recesión económica, una crisis social que se materializaba en indicadores de desempleo de dos dígitos y un incremento en la cantidad y el grado de radicalidad de las protestas sociales de los trabajadores (en particular de los desocupados) contra el gobierno la Alianza. En el mes de marzo, luego del fracaso del ajuste neoliberal de Ricardo López Murphy, De la Rúa convocó a Domingo Cavallo, artífice de la Convertibilidad, para hacerse cargo nuevamente del Ministerio de Economía. Mediante su designación, procuraba generar confianza en los principales agentes económicos en torno a la permanencia del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales”.

EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, LA VALORIZACIÓN FINANCIERA Y LAS RENEGOCIACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

“A partir de la reforma financiera instrumentada por la Dictadura militar en 1977, bajo el Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, se inició en la Argentina un modelo de acumulación centrado en el endeudamiento externo y la valorización financiera del capital. En esta primera fase, la mayor parte del endeudamiento externo fue motorizado por el sector privado y concluyó, en 1982, en una estatización de la mayor parte de la deuda privada a través de seguros de cambio. Tras una etapa de desaceleración de este proceso por escasez de divisas y de crédito externo, las políticas de apertura y desregulación financiera y el régimen de Convertibilidad instaurado en abril de 1991 dieron un nuevo impulso a este esquema. El llamado 1 a 1 consistía en un sistema de currency board (caja de conversión) que se apoyaba en el ingreso de divisas para respaldar la base monetaria, siendo sus principales fuentes de financiamiento las privatizaciones y concesiones de empresas públicas y, una vez concluido el ciclo privatizador (hacia 1993), los mecanismos de endeudamiento externo del Estado.

La firma del Plan Brady de abril de 1992, en la que el gobierno de Menem negoció con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos un cambio de la deuda por títulos (bonos cero) con vencimientos a 30 años de plazo, reforzó la política de endeudamiento externo y pérdida de soberanía estatal frente a los requerimientos de los organismos multilaterales de crédito, el capital transnacional y la timba financiera. El otro lado del ciclo de endeudamiento era la fuga sistemática de capitales al exterior de los grupos económicos locales, lo que obligaba al Estado a hacerse cargo, de hecho, del déficit del sector privado mediante un mayor endeudamiento externo, para respaldar la pérdida de reservas monetarias y evitar la salida del sistema de Convertibilidad.

Durante el gobierno de De la Rúa el endeudamiento externo se potenció con una política de negociación de la deuda pública que, además de apelar a los préstamos condicionados de los organismos multilaterales de crédito, incluyó la firma de acuerdos de renegociación con los bancos internacionales. El primero de esos planes fue el llamado “blindaje” financiero, que no evitó la fuga de capitales del sector privado y la pérdida de reservas monetarias del Banco Central. Ello profundizó la escasez de divisas y la necesidad de incrementar el endeudamiento externo con el FMI, lo que incluía el pago cada vez más elevado de intereses de la deuda. Se generó, así, un ciclo interminable de mayor endeudamiento estatal y pago para evitar a toda costa la devaluación y postergar el default.

Ante la necesidad de acceder a una fuente de ingresos de divisas para mantener en pie el esquema currency board de la Convertibilidad, y al mismo tiempo evitar el peligro de caer en una cesación de pagos de la deuda pública, el 16 de mayo del 2001 el presidente De la Rúa firmó un decreto-ley que habilitó la emisión de 29.000 millones de dólares para la puesta en marcha de una nueva negociación de los títulos de la deuda externa. El llamado “Megacanje” consistía en un canje de bonos de la deuda pública, acordado con el jefe internacional del Credit Suisse First Boston, David Mulford, y un conjunto de grandes bancos internacionales que actuaban como colocadores (bancos Francés, Galicia, Santander, HSBC, junto a la banca de inversión del Chase-JP Morgan y del Salomon Brothers, perteneciente al Citigroup). El objetivo explícito de la operación consistía en disminuir los requerimientos de financiamiento estatal de la deuda, postergando los vencimientos de los títulos de la deuda pública. El acuerdo se asentaba en la emisión de cuatro bonos de mediano y largo plazo, que se entregarían a cambio de los títulos que se rescataran en la operación, y capitalizarían intereses desde la fecha de emisión. Mediante el canje, Argentina conseguía postergar pagos de la deuda externa que vencían entre junio del 2001 y diciembre del 2005. Una parte de dicha deuda se podría abonar a partir del año 2006 y hasta el 2031. A cambio, el Gobierno ofrecía a los financistas tasas de interés elevadas, que promediaban entre el 14,5% y el 16%.

En la noche del 3 de junio se anunció oficialmente la firma del acuerdo y sus términos de negociación. Según los principales diarios nacionales, los tenedores de bonos habían ofrecido canjear papeles por un total de 33.300 millones de dólares para sumarse al Megacanje. De ese total, el Gobierno aceptó 46 bonos por una suma de 29.477 millones, a cambio de la entrega de nuevos bonos. Mediante el acuerdo financiero Argentina lograba postergar vencimientos de la deuda por un total de 16.039 millones de dólares para después del 2005, abonando una tasa de interés anual promedio por los nuevos títulos del 15,29%. Página 12 agregaba como información que el canje de bonos incrementaba el stock de la deuda pública por un total de 2.255 millones de dólares”.