Por Hernán Andrés Kruse.-

Estamos asistiendo a un espectáculo deplorable, indigno. La conocida frase “hacer leña del árbol caído” la describe a la perfección. Alberto Fernández fue un pésimo presidente. Sus cuatro años en la Casa Rosada fueron un verdadero calvario para el pueblo. Aún están frescos en nuestra memoria los insufribles tiempos de la pandemia, ese flagelo virósico que nos obligó a convertir nuestros hogares en celdas. Aún están frescas en nuestra memoria las espantosas gestiones de Martín Guzmán y Sergio Massa en materia económica, de Santiago Cafiero en materia de política exterior y de Ginés González García y Carla Vizzotti en materia sanitaria (el vacunatorio VIP).

Una gestión tan desastrosa sólo podía terminar, en materia electoral, como lo hizo: pésimo. El 10 de diciembre de 2023 asumió Javier Milei, un economista libertario que se había hecho popular gracias a su participación en conocidos y populares programas televisivos. En los últimos días Fabiola Yañez, la primera dama durante la presidencia de Alberto, acusó al ex presidente de maltrato físico y psicológico. A partir de entonces, todo el arco político (incluido el kirchnerismo) y todos los medios de comunicación (incluidos los afines a Cristina) comenzaron a ensañarse con Alberto, a hacer leña del árbol caído. Muchos de quienes en su momento de gloria (2020, el año de la pandemia) le rendían pleitesía, hoy no dudan en pisotearlo como si fuera una cucaracha.

Reitero: Alberto Fernández fue un pésimo presidente y las acusaciones de Yañez son de una extrema gravedad que ameritan una eficaz intervención de la Justicia. Pero el hacer leña del árbol caído es propio de cobardes. Evidentemente, en el arco político y en los medios de comunicación, sobran. Buceando en Google me encontré con un ensayo de Candelaria Garay (Universidad Torcuato Di Tella-Argentina) y Emilia Simison (Tulane University-Estados Unidos) titulado “Argentina 2022: Desafíos profundos y continuidad política” (Revista de Ciencia Política, Santiago-2023). Es un buen resumen de una presidencia que los argentinos difícilmente olvidaremos.

EL FRENTE DE TODOS: UNA COALICIÓN INÉDITA

“Alberto Fernández, un presidente improbable, llegó al poder tras un acuerdo de unidad entre varias facciones del peronismo y sectores de izquierda, que consagró su candidatura junto a la de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta para las elecciones de 2019. El Frente de Todos unió al Frente para la Victoria (FPV) o kirchnerismo, como se conoce al peronismo alineado a Cristina Kirchner, y al Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quien había formado parte del núcleo central del FPV hasta lanzar su propio partido dentro del campo peronista en 2013. También se sumaron al Frente de Todos las centrales sindicales y varios movimientos de trabajadores desocupados y precarios, como el Movimiento Evita, surgido del peronismo, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), un movimiento de izquierda que por primera vez se alió a un frente peronista en 2019. Finalmente, el Frente de Todos incluyó al grupo político de Alberto Fernández, un puñado de dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires sin presencia territorial. Si bien Cristina Kirchner contaba con el mayor caudal de votos entre los dirigentes peronistas, necesitaba el apoyo de votantes más moderados para regresar al poder. Alberto Fernández, un político conocido por su capacidad de negociación, y, a su vez, por haber pertenecido a diversas corrientes opuestas del peronismo a lo largo del tiempo, era visto como capaz de movilizar los votantes moderados necesarios para el triunfo electoral.

En un escenario económico apremiante, con una inflación interanual de 52.4% en septiembre de 2019, el Frente de Todos logró dar por tierra el intento de reelección de Mauricio Macri de la coalición Cambiemos (luego Juntos por el Cambio), formada por Propuesta Republicana (PRO), un partido de centro-derecha relativamente joven, la Unión Cívica Radical (UCR), el histórico partido de centro con presencia en todo el país, y la Coalición Cívica, un partido pequeño de centro. La llegada de Fernández al poder fue inédita no sólo por tratarse del primer traspaso de poder entre un gobierno de derecha elegido por el voto popular y un gobierno peronista, sino también porque se trataba de un gobierno con un presidente débil y una vicepresidenta fuerte. Fernández asumió sin experiencia de gestión, estructura territorial, votantes leales o mayor conocimiento en la opinión pública, mientras que Cristina Kirchner había completado dos gestiones presidenciales, tenía a su disposición el aparato peronista y contaba con una gran cantidad de simpatizantes y detractores.

Las dificultades de coordinación del ejecutivo y de la coalición misma que, como podía anticiparse, surgieron en el gobierno del Frente de Todos se vieron agravadas por el contexto económico y social. Fernández enfrentaba un panorama económico de crisis al asumir en diciembre de 2019, marcado por inflación elevada y estancamiento económico. Además, al poco tiempo, en marzo de 2020, se declaró la pandemia de COVID-19 y el gobierno impuso medidas de aislamiento social para combatirla. La rápida respuesta del gobierno y el rol protagónico adoptado por el presidente aumentaron inicialmente las tasas de aprobación de su gestión en la opinión pública. Sin embargo, como se refleja en la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, dicho aumento fue de corta duración, y el índice, que varía entre cero y cinco, se mantuvo bajo. Si lo comparamos con las dos presidencias anteriores, por ejemplo, el pico de 3.29 alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández en abril es mayor a los 2.75 alcanzados por Cristina Kirchner durante su segunda presidencia y a los 3.14 alcanzados por Mauricio Macri. Sin embargo, el valor promedio del índice desde el comienzo del gobierno de Fernández hasta finales del 2022 es de 1.82, un poco menor al promedio de 1.83 de la segunda presidencia de Fernández de Kirchner e inferior al promedio de 2.26 puntos de la presidencia de Macri. Además, el índice mantiene una tendencia descendente a lo largo del mandato de Fernández, denotando la debilidad creciente del presidente.

En resumen, las medidas de aislamiento social implementadas para contener la pandemia y la situación económica en deterioro desgastaron rápidamente el apoyo popular al gobierno. A comienzos de 2022, a estos problemas se sumaban los conflictos internos del Frente de Todos, que, agudizados ante los desafíos económicos y sociales que enfrentaba el gobierno, limitaban su capacidad de acción. Además de las divergencias y frustraciones en el Frente de Todos respecto a las políticas de Fernández, el pobre desempeño del gobierno ante la opinión pública y el temor de una nueva derrota electoral incentivaron la crítica abierta al presidente por parte del entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Diferenciarse del presidente pasó a ser percibido como imprescindible para la continuidad del peronismo en el poder. Por su parte, la polarización política que se había incrementado en 2020 en torno a las medidas de aislamiento impuestas en el marco de la pandemia, y que luego se vio alimentada por el avance de las causas de corrupción que involucraban a la expresidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de sus gobiernos, siguió en aumento durante 2022”.

CRISIS ECONÓMICA: DEUDA EXTERNA Y FRENTE INTERNO

“La salida del aislamiento social obligatorio establecido para controlar la pandemia contribuyó a la reactivación económica a partir de 2021, luego de una caída interanual del Producto Interno Bruto del 10% en 2020 y tras una década recesiva. La inflación, que en este contexto ha permitido financiar el déficit público, volvió a subir de forma sostenida en 2021, después de caer en 2020, y creció aceleradamente en 2022. La inflación interanual trepó de 35% en enero de 2021 a 52.4% en enero de 2022, y llegó a 99% en enero de 2023. Si bien la inflación ha sido una constante que diferenció la trayectoria económica argentina reciente de gran parte de los países de la región, la inflación de 2022, con un promedio mensual de 5.8%, no se alcanzaba desde 1991, cuando Argentina sufrió su último episodio hiperinflacionario.

Varias medidas adoptadas por Fernández contribuyeron a alivianar el impacto de la escalada de los precios de alimentos y mitigar el descontento popular. La negociación salarial y los aumentos de los beneficios sociales, que llegan a millones de hogares con jefas o jefes sin empleo formal, ayudaron a sostener el poder adquisitivo de los ingresos. Los subsidios a los servicios públicos (agua, gas y electricidad), y su retracción gradual y segmentada, también mitigaron el impacto de la inflación. El pago de bonos adicionales a beneficiarios de prestaciones sociales básicas y a trabajadores formales de bajos ingresos fue otra estrategia que ayudó a reducir, en el corto plazo, y de forma recurrente, los efectos de la inflación. En diciembre de 2022, por ejemplo, el gobierno decretó el pago de un bono de 24,000 pesos (equivalente al 40 por ciento del salario mínimo de entonces) para trabajadores privados con ingresos totales de hasta tres salarios mínimos y estableció pagos extraordinarios a beneficiarios de pensiones y jubilaciones mínimas y programas sociales dirigidos a hogares de bajos ingresos.

En este contexto de crisis económica, el principal desafío del gobierno a comienzos de 2022 era refinanciar la deuda con el FMI para evitar un default y mantener cierto margen de maniobra para compensar los ingresos ante la inflación. La deuda había sido contraída en 2018 por la administración de Mauricio Macri, que obtuvo el mayor préstamo otorgado por el organismo en su historia. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, en 2022 el gobierno debía desembolsar un pago de 19 mil millones de dólares. Este monto representaba un esfuerzo enorme para el gobierno. Para dimensionar su magnitud, el pago pactado con el FMI era equivalente a 10 veces el gasto total realizado en 2022 en la Asignación Universal por Hijo, la principal política social dirigida a la niñez de menores ingresos, que benefició a 4.3 millones de niños y a 75,000 embarazadas en 2022.

La negociación de un nuevo acuerdo con el FMI tuvo lugar en medio de las repercusiones locales de un informe crítico acerca del préstamo otorgado a la Argentina en 2018, publicado por el mismo organismo a fines de 2021. En el informe, el FMI se lamenta de que el préstamo no hubiese logrado sus objetivos y cuestiona qué tan útiles y adecuadas habían sido las condicionalidades establecidas en el mismo. Las condicionalidades del nuevo acuerdo fueron el punto central de las negociaciones de 2022 entre el gobierno y el FMI. El equipo económico que las llevó adelante, encabezado por el ministro de economía Martín Guzmán, intentó limitar las condicionalidades en el ámbito fiscal para tener capacidad de maniobra en materia de gasto público, apuntalar la actividad económica, y mantener unificada a la coalición oficialista.

Al tiempo que se reunía con representantes del FMI y buscaba aliados en Estados Unidos, el equipo económico a cargo de las negociaciones intentó construir una base amplia de apoyos en la arena política local. Sin embargo, la negociación con el FMI generó conflictos y disidencias tanto en la oposición como en la coalición oficialista. Las divisiones en Juntos por el Cambio se hicieron evidentes en los primeros días de enero de 2022, cuando el gobierno convocó a los gobernadores a una reunión en la que el ministro de economía daría cuenta de los avances en la negociación. Algunos de los gobernadores de la oposición, como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se negaron a brindar apoyo político al presidente. Por el contrario, otros gobernadores, especialmente algunos con mayor dependencia fiscal del estado nacional, se volcaron al diálogo, sosteniendo que su propia coalición había contraído la deuda.

En la coalición oficialista, pese a los llamados a la unidad del presidente y otros funcionarios, se levantaron voces contrarias al rumbo de las negociaciones. La objeción central se refería a las condicionalidades del préstamo, concretamente a la posibilidad de que se impusiera una política de ajuste que perjudicara al oficialismo de cara a las elecciones de 2023. Si bien la posibilidad de un ajuste preocupaba a la dirigencia del Frente de Todos , las posiciones variaron entre quienes se oponían de plano al ajuste, incluso a que se firmara un acuerdo con el FMI, y que incluía al grupo más cercano a Cristina Kirchner, y quienes proponían “pagar creciendo.” Entre estos últimos se encontraba Sergio Massa, quien una vez celebrado el acuerdo fue nombrado ministro de economía.

Los términos del acuerdo firmado con el FMI fueron favorables para el gobierno. A pesar de que se acordó un mayor aumento de tarifas y una reducción del déficit más rápida de lo propuesto por el gobierno, el acuerdo no incluyó reformas estructurales, tales como una reforma laboral o jubilatoria, ampliamente resistidas en años anteriores. Además, el programa con el FMI permitió que el gobierno controlara el tipo de cambio. Con el fin de capitalizar estos logros, el presidente y su entorno enfatizaron las concesiones obtenidas.

Sin embargo, el sector afín a Cristina Kirchner manifestó su desacuerdo con el presidente, poniendo en evidencia la profunda división entre ambos. Antes de que el acuerdo llegara a ser discutido y votado en el Congreso, Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, expresando públicamente su desavenencia con la estrategia utilizada para resolver el pago de la deuda y los resultados obtenidos por el presidente. En contraste, la dirigencia de Juntos por el Cambio intentó mantener una postura unificada frente a la división del oficialismo, acercándose a sectores de la extrema derecha en ascenso.

La renuncia de Máximo Kirchner dio protagonismo al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante las negociaciones para lograr la aprobación del acuerdo en el Congreso. Luego del debate parlamentario, que incluyó reuniones con un amplio abanico de actores, el acuerdo entre el gobierno y el FMI se convirtió en ley con un nivel elevado de apoyo.

El proceso de negociación de un nuevo acuerdo entre el gobierno y el FMI expuso profundas divisiones en la coalición oficialista. Estas divisiones llevaron a cambios en el equipo económico, culminando con el nombramiento de Sergio Massa como ministro. Los cambios en el gabinete no implicaron una discontinuidad en el cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo. Esto fue incluso destacado por autoridades del FMI, que sostuvieron que había habido tres ministros, pero un sólo programa económico, y que la gestión de Massa demostraba que el gobierno era “el dueño del programa”.

Mientras que Guzmán facilitó los apoyos externos necesarios para lograr el acuerdo, Massa jugó un rol central en la construcción de poder doméstico para aprobar y luego sostener el programa económico. Además de llevar adelante medidas que el FMI consideró críticas para estabilizar los mercados y reconstruir la confianza, Massa negoció e implementó medidas ajustadas a las necesidades de diferentes actores afectados por la situación inflacionaria. Estas decisiones le permitieron al gobierno reducir el costo político y social del programa económico y apaciguar el aumento del descontento. Dichas tareas fueron facilitadas por un cambio institucional: Massa obtuvo un control amplio sobre el área económica incluyendo, además de la cartera de economía, las áreas de desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. A pesar de que Guzmán había resaltado la necesidad de concentrar estas herramientas económicas, el exministro carecía, a diferencia de Massa, del capital político para administrarlas y liderar la política económica del peronismo rumbo a las inciertas elecciones de 2023”.

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