Por Hernán Andrés Kruse.-
PROTESTA SOCIAL Y NEGOCIACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
“La pandemia agudizó un problema social ya existente: el crecimiento de la pobreza desde 2018. A partir de 2021, al finalizar las medidas de aislamiento social, la reactivación del empleo en una economía de bajos salarios mantuvo la pobreza en niveles más elevados a los registrados previo a la pandemia. En el primer semestre de 2022, la pobreza llegó al 27.7% de los hogares y al 36.5% de las personas. La indigencia o pobreza extrema, por su parte, afectaba al 6.8% de los hogares y al 8.8% de las personas. Estos datos son similares a los de 2021, pero son considerablemente mayores a los valores registrados a fines de 2017, cuando la pobreza llegaba al 17.9% de hogares y al 25.7% de la población y la indigencia afectaba al 3.5% de los hogares y al 4.8% de las personas. Las mediciones más recientes estiman que la pobreza continuó aumentado durante el segundo semestre de 2022, impulsada por la aceleración de la inflación, llegando a afectar al 39.2% de las personas. Aunque el desempleo cayó al 7.1% en el tercer trimestre de 2022, no logró revertir el crecimiento de la pobreza (…).
Potenciar introdujo importantes cambios en la política social focalizada gestionada desde el Ministerio de Desarrollo Social. En primer lugar, el programa creció en escala, ganando una visibilidad pública y relevancia política que los programas de empleo no habían tenido desde el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009. En segundo lugar, siguiendo la tendencia iniciada bajo el gobierno de Cambiemos, creció el rol de las organizaciones sociales en la ejecución de los programas de contraprestación laboral relativo a los gobiernos locales, que habían dominado la ejecución de los programas de empleo en años anteriores. Este había sido un reclamo persistente de los movimientos sociales. La gestión de la contraprestación laboral permite a los movimientos sociales incidir sobre la continuidad del pago de los planes, transparentar la implementación, ajustar la contraprestación laboral a los intereses de los beneficiarios, así como también ganar miembros y poder organizacional. A marzo de 2022, Potenciar había celebrado el doble de contratos con organizaciones sociales para la implementación del programa y había destinado a estos contratos un 110% más que a los contratos celebrados con entidades gubernamentales.
A pesar de que los movimientos sociales estaban fuertemente involucrados en la ejecución de Potenciar, la protesta continuó en 2022 en torno a dos cuestiones principales. Por un lado, debido a las auditorías realizadas por el gobierno en los proyectos que los movimientos sociales desarrollaban, y que estos consideraron discrecionales. Por otro lado, la protesta continuó en reclamo de mayores cupos de Potenciar y asistencia social más amplia. Los reclamos y movilizaciones no sólo desgastaron la gestión del gobierno, sino que también intensificaron las divisiones al interior de la coalición gubernamental en torno al involucramiento de movimientos y organizaciones sociales en Potenciar. Ante la diversidad de grupos que componen el Frente de Todos, y con la vista puesta en las elecciones de 2023, varios políticos subnacionales y legisladores comenzaron a reclamar que la administración de los programas sociales saliera de la jurisdicción del gobierno nacional y pasara a los gobiernos provinciales. Los programas focalizados como Potenciar son más fácilmente manipulables que los programas universales y son vistos como recursos políticos vitales para ganar apoyo electoral. Con esta medida, estos políticos querían acceder al manejo del Potenciar y desplazar del mismo tanto a los movimientos sociales contrarios al gobierno, como a movimientos aliados, cuya presencia territorial se incrementa con la administración de proyectos comunitarios vinculados a la contraprestación laboral (…).
La protesta y el manejo de la política social focalizada en un contexto de crisis económica severa y de crecimiento de la pobreza tuvieron varias consecuencias políticas. Por un lado, los reclamos de los movimientos sociales por mayor asistencia generaron momentos de protesta intensa para acordar la distribución de nuevos beneficios con el gobierno. Por otro lado, el peso de los movimientos sociales en la ejecución de los programas de empleo alimentó divisiones en el peronismo. Ambas dinámicas desgastaron la gestión del presidente durante 2022. Sin embargo, los programas sociales y la negociación con los movimientos sociales aportaron al gobierno cierta capacidad para administrar el descontento social en un contexto de crisis inflacionaria. Sin lugar a dudas, la protesta marcó la agenda gubernamental y llevó al gobierno a negociar y expandir la asistencia. Tal expansión también le otorgó al gobierno una herramienta poderosa para contener la crisis social y el descontento entre los hogares más pobres. Al interior de la coalición, el recelo por el rol de las organizaciones sociales en la administración de la contraprestación laboral generó grandes reclamos y presiones, incluso en contra del alcance de la política social, por parte de estructuras político-partidarias. Esto por momentos debilitó al presidente y dejó en evidencia la fuerte competencia a nivel territorial de las maquinarias partidarias con los movimientos sociales”.
JUICIOS POR CORRUPCIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICA
“El tercer desafío enfrentado por la coalición de gobierno en 2022 proviene de los juicios por corrupción en la obra pública que tienen entre sus principales acusados a Cristina Kirchner. Estos juicios avanzaron en 2022 y pusieron en evidencia las divisiones dentro de las coaliciones, tanto oficialista como opositora, a la vez que alimentaron la polarización política. En la narración política del gobierno acerca de los juicios jugó un rol importante el concepto de “lawfare”. En palabras de Cristina Kirchner, se trata de “una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político-económico-mediático, que persigue opositores al modelo de apropiación inequitativa”. El término, que plantea la criminalización de la corrupción como una continuación de la política por otros medios, se volvió común en América Latina al ser utilizado por los abogados de Luiz Inácio Lula Da Silva para señalar el uso irregular de procedimientos legales con el fin de perseguir a líderes políticos de izquierda. Sin embargo, los procedimientos concretos que suelen asociarse con el lawfare son prácticas de larga data en América Latina. Como señala Smulovitz, el uso del término constituye más bien un reencuadramiento que “convierte al control de la conducta de los funcionarios públicos en actos partisanos, creando, a la vez, víctimas que necesitan ser reparadas y ejecutores que deben ser denunciados y castigados” (…).
En 2022, el avance de los juicios por corrupción contra la vicepresidenta y las acusaciones de lawfare dirigidas al Poder Judicial por parte del gobierno profundizaron divisiones, tanto en la población en general como entre y dentro del oficialismo y la oposición. También tensaron las relaciones entre el gobierno y el Poder Judicial. Ya en enero, sectores del oficialismo convocaron a una marcha contra la Corte Suprema de Justicia motivada en parte por la declaración de inconstitucionalidad, a fines de 2021, de la composición del Consejo de la Magistratura establecida durante el gobierno de Néstor Kirchner. La marcha generó divisiones en sectores de la sociedad civil y al interior de las coaliciones. No todos los sectores del oficialismo la respaldaron, mientras que entre la oposición, Juntos por el Cambio no avaló la marcha, pero tampoco emitió opinión oficial respecto de la contramarcha convocaba por otros sectores de la oposición (…).
La primera reacción de todo el arco político frente al atentado (contra Cristina Kirchner) fue su repudio, a excepción del principal dirigente de la extrema derecha en ascenso, el diputado nacional Javier Milei (Libertad Avanza), quien no se pronunció públicamente al respecto. La unidad del resto de la clase política no duró demasiado. La cadena nacional brindada por el presidente y los primeros discursos y declaraciones de gobernadores y funcionarios kirchneristas, interpretaron el atentado como una consecuencia de los “discursos de odio” difundidos por sectores del Poder Judicial, los medios de comunicación y dirigentes opositores. Esto generó reacciones negativas en la oposición y contribuyó a la partidización de la marcha en repudio al atentado realizada al día siguiente (…).
Tras el atentado, en las audiencias finales del juicio por vialidad Cristina Kirchner caracterizó el proceso judicial como lawfare y se refirió al Tribunal como un “pelotón de fusilamiento” que tiene sentencia “escrita” por hechos “inexistentes,” como parte de una “actividad disciplinadora” para “estigmatizar a un espacio político.” Finalmente, el 6 de diciembre, la sentencia estableció 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta, mientras que la absolvió del delito de asociación ilícita. El fallo generó reacciones contrapuestas en la clase política. A los festejos de la oposición, en los que se resaltó el respeto a las reglas del debido proceso, se opusieron declaraciones contrarias por parte del oficialismo que designaban injusta a la condena. En palabras del presidente: “los poderes fácticos la trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y la persiguieron a través de jueces complacientes”. Por su parte, la vicepresidenta, a pesar de que puede apelar el veredicto porque no se trata de una sentencia firme, renunció públicamente a una potencial candidatura para 2023 e interpretó la condena como una sanción al modelo económico del peronismo (…)”.
LA COALICIÓN GOBERNANTE Y LA POLARIZACIÓN
“La crisis económica que enfrentó Alberto Fernández al asumir su gobierno, agudizada por las dificultades que impusieron la pandemia y postpandemia, debilitaron al presidente, llevando a una caída sostenida de su popularidad durante 2022, e intensificaron las divisiones existentes en la coalición del Frente de Todos . El crecimiento de la polarización en torno a las medidas adoptadas frente a la pandemia se vio intensificada por los juicios de corrupción contra Cristina Kirchner, culminando en un atentado contra su vida. Sin lugar a duda, 2022 fue un año extremadamente desafiante para el gobierno.
En este contexto, y a 40 años del retorno de la democracia en 1983, Argentina se encamina a un nuevo proceso electoral. El panorama para el gobierno es poco prometedor. Si nos guiamos por teorías de voto retrospectivo y anti-incumbencia en contextos de crisis, 2023 ofrece una gran oportunidad para la oposición. Políticamente, en el Frente de Todos hay una fuerte división entre el presidente y el kirchnerismo. Estas diferencias se han vuelto insalvables, sobre todo por necesidades electorales, al haber sectores que buscan diferenciarse del presidente para atraer el voto anti-incumbente. En este punto, Fernández corre con una desventaja no sólo por ser la cabeza del ejecutivo, sino por haber tenido grandes dificultades para capitalizar los logros de su gestión. Esto ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo firmado con el FMI, con el cual su gobierno refinanció favorablemente compromisos contraídos por el gobierno anterior. Las medidas adoptadas para combatir la pandemia, que contribuyeron a que hubiera una mortalidad inferior, después de Uruguay y Chile, a la del resto de los países de América del Sur tampoco fueron capitalizadas por el gobierno. El control del conflicto social y la expansión de la protección social, que en la actualidad llega a millones de hogares y permite mitigar los efectos perniciosos de la inflación en los sectores más vulnerables, son otros ejemplos (…).
En cuanto a la oposición, el año electoral abre nuevas disputas en torno al liderazgo y alianzas internas en Juntos por el Cambio. El surgimiento de una opción de extrema derecha, que mostró un crecimiento electoral sorprendente en las elecciones de medio término de 2021, pone a prueba el enfoque moderado de la coalición, favoreciendo el crecimiento e influencia de dirigentes propensos a posturas extremas. Aunque el escenario es prometedor para la oposición, si no se logran grandes acuerdos, o si la coalición vira demasiado hacia a la extrema derecha y se aleja del voto de centro, puede peligrar su apoyo electoral.
En materia de política pública, la inflación es el gran problema por resolver. El escenario que enfrenta el gobierno en este punto no es favorable. Dependerá de la habilidad de su gabinete, y de Massa, para lograr acuerdos con los sectores más afectados y aquellos resistentes a apuntalar la actividad económica. La presión de los compromisos con el FMI también afecta el margen de maniobra del gobierno. El peso que el contexto económico juegue en el voto, que generalmente es elevado en América Latina, dependerá también de cómo el electorado evalúe la capacidad de los candidatos de administrar (si no de resolver) el problema.
Los sectores más afectados por el aumento de precios son también aquellos a los que el gobierno se ha ocupado de alcanzar con sus políticas sociales y de empleo. Estas políticas han mitigado la conflictividad, aliviado el impacto de la inflación, e intentado mantener el poder adquisitivo de los ingresos de estos sectores, aunque no hayan logrado detener el crecimiento de la pobreza. La red de programas sociales, prestaciones y servicios que llegan a una gran mayoría de los sectores de menores ingresos ha ayudado a navegar este periodo extraordinariamente difícil con bastante estabilidad política, sin amenazas reales a la continuidad del gobierno ni marchas desestabilizantes en contra de las autoridades políticas. Los beneficiarios de estos programas seguramente favorecerán a quienes los han sostenido y se comprometan a preservar. Para la oposición, la amenaza de retraer este sistema de protección social en un contexto acuciante puede jugar una mala pasada electoral.
El desafío más riesgoso e incierto que enfrenta el gobierno está en el plano judicial. Este plano ofrece el mayor rédito a quienes promueven la polarización, la cual a su vez no sólo juega en contra de la unidad y negociación en cada bloque político, sino también socava la convivencia democrática de formas inesperadas como sucedió con el atentado contra la vicepresidenta. De qué forma elija enfrentar este desafío cada una de las coaliciones, y hasta dónde y cómo se lleven adelante los conflictos con el poder judicial, probablemente resulte vital para el electorado con menor apego partidario”.
(*) Candelaria Garay (Universidad Torcuato Di Tella-Argentina) y Emilia Simison (Tulane University-Estados Unidos): “Argentina 2022: Desafíos profundos y continuidad política” (Revista de Ciencia Política, Santiago-2023).
14/08/2024 a las 10:35 AM
Sosa sobre Alberto Fernández: “Me dijo que me juntara con vos para hacer cosas juntos”
Nicolás Pizzi
Infobae
14/8/024
Héctor Martínez Sosa estaba de los dos lados del mostrador. Era uno de los brokers más importantes del mercado, pero a su vez tenía llegada directa al Presidente y manejaba información reservada. Sus conversaciones con Alberto Pagliano, por entonces titular de Nación Seguros, dan cuenta de ese vínculo estrecho desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. “Necesito más participación en una cobertura”, le llegó a pedir a mediados de 2020.
Aunque Pagliano conocía a Fernández desde los 90, recibió la confirmación oficial de su designación de parte de Martínez Sosa. “Me confirman que asumís el lunes así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, le dio la bienvenida el 26 de febrero de 2020. El dato provenía de su esposa, la secretaria del Presidente. Unos minutos después, “Hecky” pone las bases de la nueva etapa: “Tomalo con pinzas porque si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezar a hacer cosas juntos y darte una mano en lo que pueda”.
Primer mensaje: Martínez Sosa quería dejar en claro desde el comienzo que su vínculo con Fernández era más estrecho que el de Pagliano.
Segundo mensaje: el jefe de Estado le había (al menos eso dice) dado vía libre para que interactuara con el presidente de Nación Seguros, que luego del decreto 823/01 tendría el monopolio de los seguros.
En febrero, otra vez Martínez Sosa le avisa a Pagliano una novedad con información privilegiada: la conformación del directorio de Nación Seguros.
HMS: Ya esta el directorio
AP: Gracias
HMS: Vamos a llevarla juntos Alberto !!!
El directorio de la empresa que presidía Pagliano era un tema que obsesionaba a “Hecky” y a su mujer María Cantero. No estaban conformes con la designación de Sebastián Diaz Bancalari como director.
El 19 de abril, Martínez Sosa se involucra de lleno en las gestiones y habla con el Presidente:
HMS: Le escribí a Alberto recién por el tema Diaz Bancalari
AP: Te contestó
HMS: Si enseguida
Acto seguido, el broker le copia a Pagliano el mensaje:. “Estarían nombrando como Vice Presidente de Nación Seguros a Sebastián Diaz Bancalari quien ya estuvo en esa función cuando Juan Ignacio Forlón era Presidente de la aseguradora durante el segundo mandato de Cristina. Es un psicópata que le va a hacer la vida imposible a Alberto Pagliano (…) No te pido que nombres a alguien sugerido por mi sino que analices y pidas otras opiniones sobre otra persona”.
Ese mensaje ya había aparecido en los chats entre el medio hermano de Fernández, Paglo Galindez, y el propio Pagliano. “Y Alberto le dio bola”, preguntó el medio hermano. Pagliano contestó: “No sé … mientras pueda trato de no llamarlo a HMS”.
No era el trato amigable que revelan los chats con el broker. La relación era frecuente y se visitaban mutuamente. De hecho, en alguna ocasión Pagliano le pidió a Martínez Sosa que le mande una foto de su patente para hacerlo ingresar a la cochera de Nación Seguros. El broker cumplió.
En mayo de 2020, los interlocutores vuelven a hablar. Esta vez el tema de la charla es Raúl Garré, por entonces director del Banco Nación y hermano de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. “Hablé con Garré”, avisó Pagliano el 10 de mayo. Martínez Sosa prefirió llamar y no dejar registrada la conversación.
Garré fue un hombre importante por varios motivos. En 2022 presidió durante algunos meses la Fundación del Banco Nación, cuya presidenta honoraria era Fabiola Yañez. “Quiero agradecer al Consejo Directivo de la Fundación del BNA, a su Presidenta Honoraria Fabiola Yañez y en especial a todo el equipo de colaboradores que, con su esfuerzo y dedicación, nos han permitido hacer posible encaminar cada uno de los proyectos e iniciativas de responsabilidad social en un marco de transparencia y austeridad”, dijo en su despedida, a fines de ese año.
Otra charla entre Pagliano y Martínez Sosa se refiere a los seguros de la flota oficial. Todo indica que el broker casado con Cantero estaba interesado en asegurar los aviones y los helicópteros que usaba el Presidente.
AP: Tango 01 y 04, 2 Sikorsky helicópteros, Tango 10 y 11 Lear jet
HMS: Perfecto
Al día siguiente, el broker vuelve con el tema: “Los Tango 10 y 11 vencen a fin de mes. Los dos helicópteros y los Tango 01 y 04 cuando vencen las pólizas”.
AP: Tengo que pedir el dato, no lo tengo aquí, Después te digo. Pero dame un rato porque tengo una reunión medio larga (…) En mayo del año que viene.
La flota presidencial estaba en manos de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo Julio Vitobello, uno de los ex funcionarios mencionados en los chats y una de las pocas personas que sigue al lado de Alberto Fernández. “Todos los seguros se hacían con Nación Seguros desde el comienzo de la gestión”, dijo a Infobae un ex funcionario que conocía todos los detalles de la flota presidencial.
El último diálogo entre Pagliano y Martínez Sosa, al menos de lo que figura en la pericia, fue el 29 de febrero de este año, el mismo día que el Gobierno presentó una denuncia penal en Comodoro Py por el escándalo. “Todo se va aclarar”, lo despidió, con optimismo, Martínez Sosa.
14/08/2024 a las 10:38 AM
Alberto Fernández, el final de un destino
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
11/8/024
Nunca imaginó que sería presidente de la Nación, pero menos imaginó que su vida pública terminaría reducida a pobres escombros de la historia. Alberto Fernández enfrenta un destino de cárcel o encierro después de que se conocieran no solo los chats de María Cantero, la exsecretaria privada del expresidente, sino también una parte pequeña, aunque suficiente, de las imágenes que Fabiola Yáñez compartió sobre durísimas golpizas recibidas de mano de quien fue jefe del Estado.
En el colmo de la hipocresía, Cristina Kirchner salió a decir que Alberto Fernández fue un mal presidente (¿recién se enteró?), pero que también lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. ¿Quién le pidió una evaluación política de los últimos presidentes argentinos? Ella solo debía opinar sobre los estragos humanos que hizo quien ella alzó hasta la cima misma del Estado. Ni Macri ni De la Rúa fueron denunciados nunca por golpear a sus esposas. Ese dueto, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, fue astuto para acceder al poder cuando ella no podía llegar sola y él no podía llegar sin ella. Los dos destruyeron lo que había, pero fueron incapaces de construir una alternativa para resolver la crisis nacional. El gobierno terminó al final en manos de Sergio Massa, quien también obtuvo poder y candidatura presidencial de las manos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Para gobernar al lado de Cristina Kirchner se necesitaban una idea clara de país y una dosis no menor de coraje si quería enfrentarse con una vicepresidenta sin emociones ni afectos más allá de sus hijos. Alberto Fernández careció de esos dos requisitos y concluyó como un presidente virtual que en realidad no fue.
Entregó el poder cuando accedió a la presión de Cristina Kirchner para que se fueran de la administración el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tal vez el único político que le fue totalmente leal, y la también entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, una vieja amiga y socia del expresidente peronista. Cafiero y Losardo integraban el primer círculo político y personal que rodeaba a Fernández. Cafiero recayó en la Cancillería, de donde Alberto Fernández eyectó groseramente a Felipe Solá; Losardo pasó el exilio en una embajada intrascendente. A partir de entonces, cada vez que Cristina Kirchner lo desafió, fue Alberto Fernández quien parpadeó primero.
Así fue su declinación política, pero nadie supuso nunca que, mientras tanto, el Presidente golpeaba durante días interminables a su pareja en Olivos. Las primeras imágenes de Fabiola Yáñez en poder de la Justicia, con evidentes señales de haber sido seriamente golpeada, datan de los primeros meses de la pareja viviendo en Olivos. Puede inferirse que el entonces presidente castigó físicamente a su esposa durante los cuatro años que moró en Olivos. Nadie sabe todavía con qué frecuencia lo hacía porque esa información la tiene solo Fabiola Yáñez, quien, según fuentes judiciales, declarará en los próximos días ante el juez Julián Ercolini y los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González.
La Justicia espera también que Yáñez confirme –o no– que todas las palizas que recibió de Alberto Fernández sucedieron en la quinta presidencial de Olivos. Si fueron solo en Olivos, el caso pasará seguramente a la Justicia Federal de San Isidro, donde el expediente deberá sortearse entre dos jueces: Sandra Arroyo Salgado, la exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, y Lino Mirabelli, quien llevó adelante la investigación por la fiesta en Olivos durante la inhumana cuarentena dispuesta por Alberto Fernández. Aunque la violencia de género no es un caso de la Justicia Federal, en los tribunales federales se insistió en que esta causa sí lo es. Las razones: fue el presidente de la Nación quien le pegó de manera brutal a su pareja, que oficiaba de primera dama, en la residencia oficial de los jefes del Estado argentino, que es territorio federal. Un aspecto importante que se tiene en cuenta en los casos de violencia de género es la desigualdad de fuerzas entre un hombre y una mujer. ¿Cuánta desigualdad más hubo si la fuerza la ejerció no solo un hombre, sino también quien ocupa la más alta función en la conducción del Estado? La evidencia actual permite la conclusión de que Fabiola Yáñez decidió descerrajar una guerra sin cuartel ni tregua contra su expareja Alberto Fernández. Debe hacerlo; es su derecho y también su deber para alentar a otras mujeres golpeadas a hacer lo que ella está haciendo. Las imágenes y los chats en los que Yáñez acusa al entonces presidente del delito aberrante de golpear a una mujer (incluida su conversación por Zoom con la Justicia argentina) están en manos del juez Ercolini desde mediados del mes de junio último y nada había trascendido hasta ahora. Cristina Kirchner prejuzgó (es la especialidad de la casa) cuando buscó culpables por la “revictimización” de Yáñez sin averiguar antes de dónde salieron la información y las imágenes.
La Cámara de Casación Penal confirmó al juez Ercolini al frente del caso de los supuestos negociados por los seguros del Estado. Ercolini fue ratificado también, por ahora, en el caso de la mujer golpeada. Quienes conocen a Ercolini aseguran que no es una persona que se regodea con la venganza. Alberto Fernández puede estar tranquilo, entonces. Tendrá un juicio justo, pero tendrá un juicio. Vale la pena repetirlo, pero si bien se mira, Alberto Fernández actuó como un golpeador cuando fue presidente de la Nación. Por ejemplo, cuando denunció penalmente a varios jueces (el anuncio lo hizo por cadena nacional) por un viaje a la residencia de Lago Escondido. Entre esos jueces –todos acaban de ser sobreseídos porque no hubo delito alguno– estaba Ercolini. Aquella cadena nacional fue un insoportable escrache público promovido por un hombre que se sentía con más poder mediático y real que los acusados. También el fiscal Carlos Stornelli fue dos veces aludido y denigrado en público por Alberto Fernández nada menos que en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa. Se escandalizó porque no le habían aplicado la doctrina de la prisión preventiva. Es decir, pidió que Stornelli fuera preso. ¿Por qué? Por una operación montada por el kirchnerismo durante un verano en Pinamar; hacían aparecer al fiscal diciendo y haciendo cosas que nunca dijo ni hizo. ¿Por qué Pinamar? Porque ahí mandaba el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que tiene claras simpatías con el kirchnerismo. ¿Por qué Stornelli? Porque acababa de investigar el caso de los cuadernos, la mejor biografía de la corrupción kirchnerista escrita por un chofer del oficialismo en varios cuadernos rústicos. En otras palabras, Stornelli fue también escrachado públicamente por el presidente de la Nación.
Confinado en un departamento de 80 metros cuadrados, en Puerto Madero, a Alberto Fernández le es imposible imaginar siquiera salir a la calle para tomar un café o para comer en un restaurante. Tenía la costumbre de los porteños de frecuentar los cafés y los restaurantes. Esa costumbre pasará a la historia. Tampoco puede salir del país, pero ¿dónde iría si la Justicia lo dejara salir? En España, que es el país que más frecuenta, lo aguardan los argentinos que se fueron a vivir durante su gestión presidencial; la dirigencia política española es, además, muy sensible ante hechos de violencia contra mujeres. Perdió todos los amigos españoles que tenía. Por perder, perdió hasta la cátedra que tenía en la Facultad de Derecho, no por decisión de las autoridades de esa casa de estudios, sino porque ningún alumno quiso cursar con él. Esas son las condiciones del mundo crepuscular en el que vive.
Algunos peronistas insidiosos se preguntaron por qué hay tanto escándalo con la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y por qué no lo hay tanto por la denuncia de Mariano Macri contra su hermano Mauricio. La denuncia de ese Macri es contra todos sus hermanos (Mauricio, Gianfranco y Florencia) y tiene que ver con un pleito familiar por acciones empresarias. ¿Existe una comparación posible entre esa denuncia por el control empresario de una familia y los espeluznantes rastros de golpes de un hombre contra una mujer? Imposible. Además, Mauricio Macri ya no es accionista de ninguna de las empresas que fueron de su padre, Franco. El expresidente dispuso primero la donación de sus acciones a sus hijos, pero luego estos, cansados de lo que entendieron como una persecución política, le vendieron esas acciones a su tío Gianfranco. Mariano Macri le hace, por lo tanto, una denuncia por manejos empresarios a alguien que ya no es dueño de las empresas. Son problemas que suelen suceder en los trámites sucesorios de fortunas importantes.
Otros peronistas (a veces, son los mismos) tratan de explicar la violencia de Alberto Fernández con el estado de permanente tensión y estrés que este vivía cuando era presidente por la presión de Cristina Kirchner. Es cierto que su entonces vicepresidenta no lo dejaba vivir en paz, pero nada puede explicar ni justificar que un hombre golpee hasta desfigurar la cara de una mujer. La investigación solo ha comenzado. Todavía falta que la Justicia, después de escuchar a la ex primera dama, se interne en las responsabilidades de los funcionarios que sabían lo que pasaba en Olivos y no lo denunciaron. Por ejemplo, los integrantes de la Casa Militar que están siempre cerca del presidente; lo miembros de la custodia, que debieron escuchar los gritos de la mujer; los médicos que atienden a los presidentes y su familia, y la propia María Cantero, que era, al mismo tiempo, confidente de Yáñez y funcionaria pública. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los delitos que conocen. Falta un trecho largo hasta el tramo final de la peripecia de Alberto Fernández. Pero ya no está en el poder y su destino es no volver a estarlo nunca.