Por Luis Orea Campos.-
El caso del chico desaparecido en Corrientes por cierto convulsionó a la sociedad correntina y, como toda convulsión sacó a la superficie, aunque en sordina, algunos trapitos no muy limpios de los estamentos del poder en sus tres ramas como asimismo la sospecha de redes subterráneas de protección entre funcionarios, policías y traficantes.
La desopilante saga que se desarrolló durante semanas fogoneada por los medios nacionales y que atrajo a abogados de buen olfato marketinero necesitados de promoción no condujo como era de esperar a resultado alguno para descubrir el paradero de la víctima del rapto que es la hipótesis por descarte de lo sucedido.
Sin embargo todo este aquelarre y las diatribas contra el volátil accionar de la justicia en el caso sirvió para que quedara expuesto el deficiente funcionamiento del servicio de justicia del distrito y la disconformidad general con su rendimiento.
Porque según fuentes confiables desde hace bastante tiempo los profesionales del derecho se ven en figurillas para explicarles a sus clientes las largas demoras en la expedición de providencias en todos los fueros no ya de resoluciones que pueden llevar meses con el consabido latiguillo de que «estamos atrasados porque hay demasiados litigios para la cantidad de empleados y jueces» sino también con curiosas decisiones de dudosa juridicidad de algunos magistrados que los damnificados atribuyen al amiguismo que es una costumbre muy extendida aunque no solo en Corrientes.
Según la apreciación de estas fuentes el STJ es una especie de Comodoro Py autóctono donde prevalecen factores que poco tienen que ver con la impartición de justicia y al que algunos amigos llegan con bastante buena fortuna en sus juicios
Según dicen varios profesionales por su parte el Colegio de abogados lejos de ocuparse de esos temas es una especie de ONG de relaciones públicas que poca y nada hace por la dignidad de la profesión que juran defender cuando asumen y sus miembros solo se ocupan usar su cargo para cultivar en su favor la aquiescencia de los magistrados del STJ y otros fueros.
Al parecer las quejas sotto voce abundan, pero por temor a represalias burocráticas los letrados callan y prefieren bancarse las demoras y los reclamos de sus clientes, dijo un abogado novel que no da su nombre por la misma razón.
Juicios penales que duran eternidades en perjuicio de imputados que se ven supeditados a las causas por años porque los fiscales «tienen demasiados casos» que resolver y los sobreseimientos y/o condenas tardan años en llegar.
¿Qué pasa con la justicia entonces? ¿No es el STJ el encargado de supervisar el funcionamiento del servicio de justicia y proveer la estructura necesaria para responder a las demandas de atención? ¿A que obedecen en realidad las demoras en los Juzgados?
Son preguntas que se hacen y que no tienen respuesta los sufridos abogados que a pesar de que teóricamente todo se despacha por el sistema informático se ven obligados a peregrinar los pasillos de los tribunales para averiguar por qué no se proveen los escritos.
Los jueces tienen por ley plazo para expedirse pero no se cumplen, y tampoco hay sanciones porque la explicación es la insuficiencia de la estructura en materia de recursos humanos que parece no tener solución a la vista lo que en última instancia resulta en perjuicio de los justiciables que ven transcurrir el tiempo sin respuestas a su derecho.
Hasta el gobernador Valdés ha sufrido en los últimos tiempos las consecuencias de este juego del Gran Bonete y una larga cadena de ineficiencia en la que nadie se hace cargo de nada en la administración de justicia so pretexto de limitaciones presupuestarias ha sido un verdadero boomerang para él.
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