Milei y la deskirchnerización de la Argentina (1)

Por Hernán Andrés Kruse.-

Manuel Adorni lo había adelantado el 26 de marzo: “Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”. En las últimas horas el vocero presidencial confirmó en su cuenta de X que el CCK pasará a llamarse “Palacio Libertad”. La decisión del presidente de la nación se concretará mediante un decreto de necesidad y urgencia. No es el primer edificio público que dejará de tener una denominación vinculada estrechamente con el kirchnerismo. El que sirve de sede al ministerio de Capital Humano, que hasta hace poco se llamaba “La Casa Patria Grande Néstor C. Kirchner”, ahora lleva el nombre de “Casa Patria Libertad” (fuente: Eduardo Menegazzi: “El gobierno le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner: se llamará Palacio Libertad”, Infobae, 7/5/024).

Queda en evidencia la decisión del gobierno libertario de poner en práctica un profundo proceso de deskirchnerización de la Argentina. Para Javier Milei el kirchnerismo es una enfermedad mortal, un virus implacable que corroe la moral y el bienestar de los ciudadanos. La libertad es, para el presidente de la nación, el mejor antídoto para curar al pueblo argentino de ese virus. Estamos en presencia, por ende, de los primeros pasos de una feroz lucha cultural cuyo desenlace es, por ahora, incierto.

El proceso de deskirchnerización que está llevando adelante el gobierno libertario me hace acordar al proceso de desperonización ejecutado por Aramburu y Rojas luego del derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955. El objetivo fundamental de la Revolución Libertadora fue desperonizar al pueblo, curarlo de ese cáncer llamado “peronismo”. La historia demostró el fracaso de semejante intento. ¿Sucederá lo mismo con la deskirchnerización que está llevando adelante Javier Milei?

El intento por desperonizar al pueblo llevado a acabo por Aramburu y Rojas puso en evidencia la imposibilidad de obligar por la fuerza a que la masa de seguidores de Perón dejara de amarlo e idolatrarlo. ¿Pretenderá hacer lo mismo Milei con la masa de seguidores que aman e idolatran a Néstor Kirchner? Si fallaron Aramburu y Rojas, ¿por qué Milei habría de tener éxito?

Buceando en Google me encontré con un ensayo de María Estela Spinelli (IEHS-INCPBA-UNMdP) titulado “La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958)” (Programa Interuniversitario de Historia Política). Por razones de espacio transcribiré exclusivamente la parte del escrito que se refiere a la gestión de Aramburu y Rojas. Ojalá el presidente libertario tenga en cuenta las enseñanzas que dejó el intento de desperonización de la Revolución Libertadora si continúa con su deseo de deskirchnerizar hasta el tuétano a la sociedad argentina.

LA GESTIÓN DE ARAMBURU Y ROJAS: AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO PERONISMO-ANTIPERONISMO

“El rápido traspaso del poder al general Pedro Eugenio Aramburu, cuya nominación había sido previamente acordada con los altos mandos de la Marina y la Aeronáutica, significó en el Ejército, la hegemonía de los sectores partidarios de la desperonización a ultranza y el compromiso por parte del nuevo presidente de consensuar las decisiones con las fuerzas armadas. Significó también una mayor participación de los partidos antiperonistas en el diseño de las políticas y el ingreso de sus cuadros dirigentes a la función pública, que había sido uno de reclamos insatisfechos por la gestión anterior. Así se ingresó en la etapa que el sector más radicalizado del antiperonismo y una significativa parte de la historiografía, basándose en el carácter protagónico otorgado a los partidos políticos antiperonistas, llamó democrática.

Para entonces la desperonización había adquirido su propia dinámica y marco legal, imponiéndose como el tema central del clima político post-revolucionario. Desde mediados de noviembre de 1955 fue definida como objetivo básico del gobierno, destinado a desmontar el andamiaje del “aparato totalitario”. Este comenzó a ponerse en práctica inmediatamente con medidas orientadas contra el peronismo, contra el nacionalismo recientemente desplazado y poco después contra el comunismo, a quién se acusó de colaborar con los peronistas en actos de desestabilización y sabotaje. El mismo día que entró en funciones el presidente Aramburu, junto a la designación de los nuevos ministros de su gabinete – donde sólo se mantuvieron intactos los equipos del Ministerio del Interior y de Educación- firmó el decreto que declaraba intervenida la C.G.T, uno de los reclamos de la dirigencia política antiperonista desde el mismo 23 de setiembre. Otro decreto declaraba disuelta la Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia que había sido denunciada en los últimos episodios como el nuevo centro de operaciones nazi-fascistas. Ambas medidas, acompañadas por la separación de los consejeros nacionalistas de la Junta Consultiva Nacional, fueron justificadas políticamente algunos días más tarde.

El 4 de diciembre de 1955 se publicó un informe sobre el alejamiento del general Eduardo Lonardi, donde se hacía explícita referencia a los inconvenientes que había acarreado la negativa de éste a intervenir la C.G.T. El documento oficial decía: “… Elementos de la C.G.T., con más deseos de perdurar en sus posiciones que de atender a los intereses verdaderos y respetables del pueblo trabajador, aprovecharon la situación y presionaron al Gobierno como si representasen a un Estado dentro del Estado, de potencia a potencia…”, y luego acusaba al anterior gobierno de haberlo tolerado y cita como prueba de esta complicidad el hecho de que, “apenas ocurrido el cambio en la primera magistratura de la Nación, el Gobierno se vió amenazado intempestivamente por una nueva huelga de evidente carácter político. Los incitadores probados de ese movimiento fueron…los mismos elementos extremistas desplazados y que actuaban en connivencia con conocidos dirigentes de análogos antecedentes”. La denuncia de un enemigo poderoso y la imposibilidad de ensayar algún tipo de negociación resultaron la nota saliente del diagnóstico político de los nuevos gobernantes. Ese enemigo, de aquí en más, no fue sólo el peronismo sino sus nuevos aliados, los nacionalistas en el campo político y los comunistas en el campo gremial que iniciaban así el tránsito a la solidaridad con el vencido.

Las comisiones investigadoras siguieron desarrollando, con amplios poderes, su febril actividad de descubrir nuevos hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder e inmoralidad del régimen caído. Esta fue seguida de acciones efectivas por parte del poder público que confinó a cientos de peronistas civiles y militares en las cárceles a disposición del Poder Ejecutivo, hasta tanto se expidiera la justicia, declaró interdictos bienes personales y familiares de los acusados e intervino empresas. El plan de acción desperonizador del gobierno se fundamentó en la nueva etapa en la noción mucho más homogénea de lo que había significado el peronismo en la historia política argentina, la manifestación vernácula del nazi-fascismo. Esta provenía de la vieja “resistencia democrática” y gozaba de gran predicamento en la Marina y los nuevos mandos del Ejército. Ello lo condenaba política y moralmente, por eso explica que no se considerara incompatible con el ideario democrático que profesaban y que se concibiera como la necesaria tarea destructiva que la “revolución libertadora” tenía que realizar en pos del saneamiento de la política.

En ese marco de ideas y sentimientos políticos dominante, se decretó la disolución del Partido Peronista y la confiscación de sus bienes, la prohibición de todo tipo de propaganda, incluyendo el pronunciar el nombre propio del presidente depuesto y el de su esposa, la utilización de imágenes, símbolos y signos y la liquidación de la Fundación Eva Perón. La profundización y sistematización de las políticas desperonizadoras, agravada también por otro tipo de hechos, como el robo del cadáver embalsamado de Evita, por parte de un comando del Ejército, tuvo como efecto no deseado para los “libertadores”, el surgimiento de la “resistencia peronista” que ensayó espontáneamente diversas formas de violencia , propaganda y desestabilización política.

Con las nuevas medidas desperonizadoras, se puso de manifiesto uno de los sentidos del desmontaje del “aparato totalitario”. Este incluyó, además de la degradación de oficiales y suboficiales de las tres armas que habían actuado en defensa del gobierno constitucional derrocado, fueran o no peronistas, la puesta en disponibilidad del personal docente y administrativo de los distintos niveles educativos y cláusulas discriminatorias para acceder a cargos o concursos, cesantías en reparticiones de salud pública, en la justicia y en otras dependencias estatales. Se trataron de corregir los zigzagueos iniciales, mediante una política de claro corte rupturista, cuyos críticos denominaron “revanchista”, y denunciaron en ella la reedición de los métodos arbitrarios que había practicado el peronismo hacia la oposición.

La innovación introducida por la nueva gestión de gobierno con relación al problema peronista radicó en que el peronismo como identidad política se definió como el enemigo del sistema democrático y de la nación misma, hecho que no había sido definido de ese modo en la etapa anterior, cuando se dijo oficialmente perseguir sólo el delito. Esto imprimió dos rasgos distintivos a la nueva política porque, en primer lugar, tuvieron mayor coherencia los actos de gobierno referidos a este tema, y en segundo lugar, al asumir un decidido rol desperonizador, el gobierno negó cualquier intento de ser árbitro del conflicto peronismo-antiperonismo, como pareció haberlo intentado Lonardi, para asumirse como parte del mismo, como representante de los vencedores. La imagen del peronismo sobre la desperonización, reveló, desde el punto de vista de los vencidos, la magnitud del conflicto que se había dirimido por las armas: “Se crean ‘comisiones investigadoras’ que hurgan en la intimidad de miles de personas, a la mayoría de las cuales no se le hacen acusaciones concretas, pero que por el solo hecho de ser peronistas o de haberse desempeñado en la función pública durante el gobierno de Perón, deben demostrar que son honradas.

Esta violación de una norma clásica y elemental del derecho, cual es la que ningún hombre puede ser acusado sin pruebas ni obligado a probar su inocencia, se hace en nombre del ‘imperio del derecho’ restablecido…” El nuevo carácter del proyecto desperonizador se hizo explícito en el discurso del presidente Aramburu, al pretender corregir el equívoco de la anterior gestión y responder a la naciente oposición: “… Estimo oportuno aclarar el verdadero sentido de la frase “No hay vencedores ni vencidos” que se está explotando para hacer aparecer al actual gobierno como cambiando el rumbo inicial de la Revolución. No debe confundirse su significado, que es de paz y concordia entre los argentinos, queriendo tomar esta frase al pie de la letra, como dando a entender que no ha habido un verdadero triunfo revolucionario, sino una pausa en el combate”. (…) Este reconocimiento oficial de que había vencedores y vencidos resultó, en principio, coincidente con la posición sostenida por los representantes de la Marina dentro del gobierno que propuso la continuidad de la “revolución”, sin concesiones políticas de ningún tipo, hasta haber eliminado definitivamente al peronismo. En cierto modo ellos siguieron imbuidos de la lógica de guerra, al sostener que la revolución no había terminado con el derrocamiento de Perón, sino que desde el poder político conquistado por las armas debían realizarla restituyendo los valores sociales, económicos, políticos y culturales destruidos por el peronismo y una vez concluida esa tarea abrir una etapa democrática.

Esta idea sobre la tarea de la “revolución” como continuación de la guerra contra el peronismo, llevó a los marinos a una lucha constante con la postura de negociación y diálogo con los dirigentes políticos antiperonistas que trató de imponer el presidente, concibiendo la “revolución” como “restauración democrática”. Este parece ser el punto de desacuerdo sustancial del enfrentamiento entre Aramburu y Rojas, cuyas desavenencias se convirtieron en una permanente fuente de rumores. La tarea de desmontar el “aparato totalitario”, designación con la que se hacía referencia a la desperonización en el campo político, económico, cultural y sindical, no se remitió sólo a la fase investigadora y represiva, sino que la misma fue acompañada de una serie de medidas que tendían a devolver la autonomía de las instituciones y a derogar la legislación centralizadora y represiva que el peronismo había utilizado con sus opositores, preparando el camino para el retorno al orden institucional. La operatoria desperonizadora, que a grandes rasgos muestra semejanzas con los procesos de “Depuración” de la Francia de posguerra sobre los colaboracionistas y de desfascistización en Italia, a los que el discurso político antiperonista hizo alusión, invocándolos como modelos, fue una tarea sumamente compleja encarada con decisión.

La necesidad de la misma partía de la creencia de que el peronismo había conseguido la adhesión de los sectores populares, las fuentes antiperonistas generalmente dicen las “masas ignaras”, merced a dádivas, a un aparato de propaganda y al control para sus propios fines de todos los recursos del Estado. Además, sostenían que con sus afanes igualitaristas había colocado en cargos de responsabilidad del Estado a personas sin preparación ni capacidad alguna, (“Perón Perón se fue/ con el burro de Aloé” decía uno de los estribillos cantado en las manifestaciones antiperonistas), hostigado cultural y económicamente a los sectores medios y altos, afectado el derecho de propiedad privada, las libertades individuales, distorsionado valores y relajado la disciplina laboral. De esas ideas y sentimientos participaron, total o parcialmente, quienes habían hecho y adherido a la “revolución libertadora”. También acariciaron la ilusión de su erradicación del cuerpo social, una vez expulsado Perón del poder y exhibidos ahora desde un nuevo aparato de propaganda los vicios políticos de su régimen.

“Es difícil decir cuántos peronistas no desengañados aún hay entre los habitantes de la Argentina, decía el ministro Busso, y agregaba “El gobierno mientras se prepara para las elecciones (…) confía en que los peronistas que aún quedan se convencerán de que necesitan un gobierno democrático…”. Para finalizar afirmando: “La estabilidad del gobierno es perfecta. Cuenta con el apoyo de las tres Fuerzas Armadas y la opinión pública progresista”.

Formalmente la política de desperonización en su fase “constructiva” persiguió un doble objetivo, en lo político desarmar los resortes “totalitarios” de las instituciones del Estado, y en lo pedagógico ilustrar a los sectores sociales identificados con el peronismo sobre la “verdad” del régimen que habían apoyado, orientándolos a apreciar los valores democráticos tradicionales de la cultura argentina que el gobierno revolucionario representaba. La otra idea que estuvo en la base de las políticas tendientes al reordenamiento político-institucional fue la de “restauración” de la tradición democrático-republicana argentina. En la opinión mayoritaria del antiperonismo en el poder ésta había sido vulnerada por el gobierno peronista, al someter al parlamento y a la justicia a la voluntad presidencial. La reivindicación de la tradición política republicana, se hizo en base a la evocación de una tradición reinventada en la que se exaltaron las virtudes y valores de los hombres públicos, despojándola de los problemas, vicios y defectos que históricamente la política había tenido.

La vulneración de “los valores tradicionales de la argentinidad”, para ellos se había hecho a través del culto a la personalidad del ex jefe de Estado y su esposa que en su afán de exaltar el advenimiento de la “era de la justicia social” y las bondades de los gobernantes, había condenado el orden heredado de sus mayores como injusto y oligárquico, menoscabado el lugar de los “héroes de la patria” en la vida pública y en la formación intelectual y moral de las generaciones nuevas. Esto explica el acento que los antiperonistas y el gobierno pusieron en este sentido “restaurador” de la nacionalidad, tratando de devolver el antiguo realce a las fechas patrias y a los héroes y hombres públicos de la historia. Lo que a su vez se hacía resaltar con la invocación de la “austeridad republicana” que los nuevos gobernantes, destacaba la prensa, exhibían, rechazando la adhesión y el homenaje personal. Parte de la tarea pedagógica que acompañó como un todo a la desperonización fue la imposición del nuevo tono maniqueo que consistió en marcar los contrastes entre el orden político representado por el peronismo, su personal político, calificado de ignorante, obsecuente y advenedizo, y la movilización de las “masas ignaras” y el retorno al tradicional orden republicano a partir de la glorificación de la “Revolución Libertadora” que representaba al “verdadero pueblo, culto, honesto y trabajador que había hecho la grandeza de la Argentina”. Así, esta fue convertida en mito refundador, inscribiéndola en los hitos de la gesta patriótica y equiparándola ritualmente con ellos.

Un hecho simbólico y a la vez punto de partida del camino restaurador emprendido por la gestión de Aramburu, con el aval de todos los partidos representados en la Junta Consultiva Nacional, fue la puesta en vigor de la Constitución de 1853, en tanto y en cuanto no alterara los fines de la Revolución y la derogación de la «Constitución Justicialista de 1959», medida que el Presidente hizo pública, en un día muy caro al ideario peronista, el 1 de mayo, día del trabajador, del año 1956.

La gran fecha patria en la que el antiperonismo celebró nuevamente su victoria, movilizándose masivamente hacia la Plaza de Mayo, en Buenos Aires y hacia las plazas centrales y sedes gubernamentales, en las ciudades del interior del país, para reunirse con las autoridades, fue el 25 de mayo de 1956. La celebración se realizó siguiendo el tradicional protocolo oficial, Tedéum, desfile cívico-militar, velada de gala en el Teatro Colón. Organizada por la Comisión Nacional de Homenaje al 25 de Mayo, se hizo bajo la advocación de la libertad y la democracia y reunió a una enfervorizada multitud, donde, decía el diario Clarín, “volvieron a abrazarse los revolucionarios del 16 de setiembre” y nutridas columnas de público desfilaron por las calles céntricas portando banderas y cantando la Marcha de la Libertad. Una de esas columnas que avanzó por la calle Florida, hizo un alto y un minuto de silencio en el solar vacío que había ocupado el edificio del Jockey Club, víctima de la represalia peronista en 1953. El vicepresidente Rojas, en su discurso, reivindicó a mayo como símbolo de la libertad y cumplió con el rito maniqueo, a través de una dura condena hacia el peronismo, al que comparó con el nazismo “por su odio a la libertad”. La prensa porteña cubrió con lujo de detalles esta celebración. La Nación puso el acento en la “restauración de la dignidad presidencial” y en el brillo de la velada de gala del Teatro Colón. Otros diarios pusieron mayor énfasis en la adhesión popular a las autoridades revolucionarias”.