Por Claudio Valdez.-
Cuando está en funciones el gobierno elegido por el pueblo, hay instituciones republicanas en acción. Se trata de respetar las prescripciones constitucionales. Se ha restablecido el diálogo con “la oposición política” y se manifiesta voluntad de rectificar desacuerdos ante sus quejas. El Poder Judicial vuelve a disponer de la posibilidad para actuar con la independencia profesional que había sido avasallada. La actividad económica y financiera tiende a ser “sincerada” y válida para sus operadores en general, “sin discriminación” por favores, prebendas y subsidios injustos, ni “ayudas” dispensadas con desprecio a toda racionalidad. Con un nuevo Estado empeñado en controlar el pervertido gasto en beneficio de inútiles y “vivillos implantados” para desmedro de la hacienda pública sin contraprestación necesaria. ¿Cuál es el fundamento de la “protesta social”? Sin duda la mala suerte final que temen los estafadores de la fe pública durante más de una década.
Satisfacer las necesidades materiales, espirituales y emocionales es “superior finalidad social” para lo cual todos deben laborar y trabajar. El Estado, a pesar de disponer del monopolio del poder político, no alcanza para lograrlo. Demostración indubitable es el fracaso en la eficiencia y satisfacción social del “comunismo”, que a pesar de su delirio ya superado aún se impone coartando libertades en algunas oprimidas poblaciones. El “socialismo” participa de similares frustraciones por la inviabilidad de su ideología y práctica: el “estatismo” en ambos es la causa de necesidades insatisfechas acompañadas de desenfrenada corrupción.
“Sociedad” no es más que esfuerzo mancomunado de “socios” (participando tanto en los beneficios como en las frustraciones de la comunidad). Este concepto se reitera en “la empresa productiva y comercial”, siendo sus “socios” quienes con felicidad participan de las ganancias, tanto como solidariamente deben hacerse cargo de las pérdidas. Es la única forma en que la convivencia en paz y progreso es posible.
Si bien “la protesta” es reacción personal, no es ajena a ningún tipo de sociedad por ser adecuada expresión para lograr rectificaciones en las “interacciones insuficientes, inconvenientes o en errores de la conducción”. No obstante, su exteriorización no debe ser admitida como extorsión: invasión de instalaciones, “acampes”, “sentadas”, piquetes, cortes de vías de circulación o violencia contra el orden y la seguridad. Esos procederes están tipificados por la Constitución y las leyes de nuestro país como delitos, debiendo ser “contenidos” por las autoridades y penados con severidad por “La Justicia”. Cualquier queja debe seguir “procedimientos institucionales” porque “la soberanía nacional” así lo establece como garantía para el bien común de los ciudadanos: toda transgresión al respecto es falta o delito y “el garantismo para delincuentes” solo perversión. “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y las autoridades creadas por esta Constitución” (Art. 22).
En nuestra Patria desde hace décadas sabemos que “los números no cierran”: déficit y deuda estatal, refinanciaciones, impagos, inflación, pobreza, desempleo, empleo público desmedido, desequilibrio demográfico; en contrapartida con “enriquecimientos escandalosos de dirigentes y funcionarios” que debieron servir a la nación, las provincias y los municipios donde hoy se registran “bancarrotas estatales”. Tremendos malversadores que insisten en clamar con desvergüenza por “ayuda federal”, habiendo sido muchos de ellos dirigentes por años. La suprema majestad de “La Justicia” deberá “hacer inexorable justicia” para con estos estafadores, dando señales que permitan recuperar la confianza y dignidad robadas al ciudadano honesto.
Si “la sociedad” decide rechazar la “protesta social de delincuentes”, despejará un camino que fue bloqueado para el desarrollo del país y la felicidad de sus habitantes por años. ¡El porvenir volverá a ser oportunidad!
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