Por Claudio Valdez.-

Reiteradamente se comprueba que el único “gatillo fácil” es el de los delincuentes. Son ellos quienes disparan hiriendo o asesinando para robar, vengarse o simplemente depredar todo lo que la estupidez del errante orden político imperante desde hace más de 40 años les permite. Suelen incluso lograrlo sin utilizar armas de fuego.

Los “Derechos humanos de la ONU”, formulados como instrumento de control mundial para prevenir la emergente “guerra fría”, terminaron siendo funcionales para encubrir las ineficiencias y complicidades de los propios Estados miembros. Alegándose el respeto de esos “derechos” se suele omitir la administración de “justicia” (dar a cada uno lo que le corresponde) y en muchísimos casos acusar y aplicar gravosas penas con finalidades políticas e ideológicas.

En La Argentina las fuerzas policiales, de seguridad y las “residuales” fuerzas armadas de la nación se esfuerzan desde hace décadas por cumplir con sus deberes, los derechos y garantías establecidas por la Constitución, las consecuentes leyes y otras establecidas puntualmente, pero temerariamente inadecuadas para el mantenimiento del orden y la seguridad. Los profesionales de “la fuerza pública” y de las “fuerzas armadas institucionalizadas” han demostrado con sacrificio y valentía, a riesgo de sus propias vidas, el reiterado compromiso en el desempeño de la misión que el Estado les encomienda desde los aprendizajes efectuados en sus Institutos de Capacitación.

Estado que, en no más de cuatro generaciones, transcurrió ordenado por distintos y antagónicos regímenes ideológico políticos. Entender la alteración social, cultural y política producida por la disparidad de normas, que incidieron en forma predominante durante esos períodos, explica la desorientación e incomprensión sufrida por la población.

Así las cosas, los medios masivos de comunicación, habitualmente y con inocultable sensacionalismo, suelen insinuar dudas ante toda intervención oficial armada. En verdad para cualquier “oficial en servicio” nunca el “gatillo es fácil”, tampoco lo es para sus superiores, incluyéndose a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de distintos niveles del Estado (nacional, provincial o municipal). Son ellos los que, temiendo oportunistas cuestionamientos ideológicos y la pérdida de favores políticos, ensayan actitudes de pusilánime desentendimiento e indolente negación ante las imperiosas respuestas que exigen los consabidos desmanes de la delincuencia no contenida. Se colapsa de esta forma la capacidad del Estado para dar respuesta a la creciente inseguridad generalizada. La seguridad exige el “respeto de los derechos legítimamente adquiridos y la capacidad de prevenir y castigar su violación”.

Sabiéndose que el espíritu del Derecho es la justicia, no debe omitirse que la realidad del Derecho es el orden. Orden imposible de establecerse mediante dudas, ni de medios de comunicación ni de políticos incapaces.

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