Por Carlos Tórtora.-

La nueva normativa que regulará a la Inspección General de Justicia, explicada en rueda de prensa por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, desató una oleada de reacciones que darían lugar próximamente hasta a presentaciones judiciales. De hecho, lo que Milei está cambiando es que la IGJ pierde a partir de ahora sus funciones de control. Entre otras consecuencias, esto posibilitará el retorno de las SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas).

Las SAS permiten crear empresas rápidamente sin capital y sin rendición de cuentas. Las SAS fueron creadas durante el mandato de Mauricio Macri. Y antes de que Alberto Fernández las prohibiera, se estableció que Los Monos habían formado cerca de 50 SAS para emitir facturas truchas y lavar dinero.

Según Cuneo, la reforma en marcha tiene como norte respetar la libertad de las partes. Lo que el funcionario no dice es que los controles tenían por objeto detectar el lavado de dinero.

Al no haber más verificación patrimonial de la firma y sus dueños, en realidad se trata de redondear un blanqueo de capitales.

El ministro de Justicia fue más a fondo y reconoció que a las sociedades extranjeras no se les exigirá más un plan de negocios ni información sobre su estado patrimonial.

El GAFI en alerta

Un punto clave es que se autorizará la inscripción de sociedades off shore y aquellas constituidas y registradas en dominios, jurisdicciones, territorios y estados asociados y regímenes tributarios especiales no considerados colaboradores en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

El GAFI, la máxima autoridad financiera internacional en materia de lavado, hace dos meses advirtió informalmente que el RIGI convertirá a la Argentina en un paraíso fiscal.

Añadió que por este camino «se transformará a la Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional». En ese momento, ya se hablaba en el GAFI de la posibilidad de declarar a la Argentina paraíso fiscal.

Ahora, la reforma de funciones de la IGJ agrava considerablemente este panorama y se vislumbra así una transformación del país en un centro internacional de lavado de activos.

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