Por Carlos Tórtora.-

La sanción de la Ley Bases podría marcar un antes y un después en el gobierno. Por ejemplo, a partir de que Javier Milei pospuso, pendiente de la sanción de la ley, el tratamiento de las múltiples fisuras que aparecen en el gobierno. Está la situación de Sandra Pettovello, que corre el riesgo de sufrir el embate de la justicia federal por las denuncias sobre los contratos truchos y su enfrentamiento apenas disimulado con Karina Milei. También podría haber novedades en la situación de Diana Mondino, que está siendo esmerilada a diario por Karina, y además se acerca el viaje de Milei a China, donde cuestionan a la canciller.

Pero también hay una interna ya no tan disimulada entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Este último fue anunciado un mes y medio atrás como ministro de desregulación y hoy pelea por una secretaría que no terminan de darle.

Como trasfondo de todo esto, se encuentra el escaso dinamismo de una administración que funciona a medias, con un presidente dedicado casi solamente a su rol en la política internacional.

Pese a los esfuerzos oficiales por disimularlo, Milei exhibe indicadores negativos en su política económica: suba del dólar y del riesgo país, rebote de la inflación y profundización de la recesión.

Malas coincidencias

La realidad hizo que el actual deterioro del gobierno coincida con el intento de presentarse triunfante con la firma el 9 de julio del Acta de Mayo en Tucumán. En la Casa Rosada hay preocupación por el quorum para este acto. Luego de pasar lista habría no menos de 7 gobernadores ausentes, pero encabezados por Axel Kicillof, lo que le resta a la ceremonia peso de territorial. También los expresidentes brillarían por su ausencia. Sólo Mauricio Macri habría confirmado su presencia y es posible que esté Eduardo Duhalde y eso es todo.

Concretamente, el gobierno corre el riesgo de que el balance mediático del acto sea un escaso consenso político.

Pero hay un factor que puede empeorar las cosas. El Senado está a punto de ponerle fecha al tratamiento en el recinto de la ley de movilidad jubilatoria, que sería sancionada por amplia mayoría. Esto dispararía una seria amenaza para el superávit fiscal y en respuesta Milei firmaría inmediatamente el veto. Se produciría entonces un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Congreso, con final incierto.

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